Un reciente motín con toma de rehenes en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) dejó al descubierto un conflicto jurídico no resuelto en Uruguay: qué régimen debe aplicarse a personas que, habiendo cometido delitos como menores, reinciden tras alcanzar la mayoría de edad.
El caso involucra a un joven de 19 años, condenado en 2023 por homicidio cuando era menor de edad, quien debía cumplir su pena bajo el sistema socioeducativo del Inisa. Sin embargo, tras fugarse durante una salida autorizada en octubre del año pasado, fue imputado por un nuevo homicidio cometido ya como adulto, lo que derivó en su envío a prisión preventiva.
La situación dio un giro cuando el Juzgado de Adolescentes reclamó su retorno al Inisa para completar la pena anterior, vigente hasta 2028. La jueza penal de adultos, Viviana Galleto, respaldó ese criterio, al considerar que la sentencia firme dictada cuando el imputado era menor debe cumplirse en ese ámbito.
No obstante, la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Adriana Edelman, apeló la decisión, argumentando que el joven ya había sido recluido en una cárcel de adultos y que su conducta evidencia el fracaso del proceso de rehabilitación. El caso quedó ahora en manos de un Tribunal de Apelaciones, que deberá definir en qué sistema debe permanecer el imputado.
El conflicto refleja una superposición normativa entre el sistema penal adolescente y el adulto. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, las medidas socioeducativas no deben cumplirse en cárceles de adultos, salvo excepciones. La Fiscalía sostiene que este caso encuadra en esas excepciones, mientras que la defensa de la decisión judicial considera que modificar el régimen implicaría desconocer una sentencia firme.
Desde el Inisa advierten que situaciones similares ocurren aproximadamente una vez al año y generan tensiones institucionales. Fuentes del organismo señalaron que su objetivo es la rehabilitación e inserción social, lo que se ve afectado cuando los jóvenes saben que, tras cumplir su pena, serán trasladados al sistema penitenciario de adultos.
El presidente del organismo, Jaime Saavedra, apeló al “sentido común” para resolver estos casos y subrayó que aquellos procesos que se apartan de la finalidad socioeducativa deberían ser tratados en otra órbita.
Además, desde la institución han planteado que, en determinados casos, las medidas pueden cesar anticipadamente si se considera que ya cumplieron su finalidad o que no resultan idóneas, especialmente cuando no existe una perspectiva real de reinserción inmediata en la sociedad.
El joven involucrado en el motín presenta un historial delictivo complejo. Fue condenado por el homicidio de una mujer en el barrio Manga cuando tenía 17 años y, tras su fuga, habría participado en un segundo asesinato, además de otros episodios violentos que son materia de investigación.
La resolución del Tribunal de Apelaciones será clave no solo para este caso, sino también para establecer un criterio claro frente a una problemática que expone vacíos legales y desafíos en la articulación entre los sistemas penal juvenil y adulto en Uruguay.