El Intendente Christian Morel realizó un vivo en Facebook en la jornada de ayer, asegurando comprometerse a pagar los sueldos inferiores a $ 28.000, pero sin certezas con respecto a los de mayor remuneración.
Intendentes blancos denuncian “herencia maldita” y aplican recortes mientras negocian recursos con la OPP
A pocos días del vencimiento del plazo para acordar la transferencia de recursos entre el gobierno nacional y los departamentos, varios intendentes del Partido Nacional enfrentan una delicada situación financiera y denuncian haber recibido una “herencia maldita” de sus antecesores. Mientras la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) prepara el nuevo esquema presupuestal quinquenal, los jefes comunales blancos aplican ajustes drásticos para intentar equilibrar sus finanzas.
En Cerro Largo, el intendente Christian Morel informó una deuda cercana a los 40 millones de dólares. Como medida inmediata, suspendió la toma de nuevos créditos y redujo la plantilla de funcionarios, con al menos 300 desvinculaciones en el inicio de su gestión. La situación ha generado reclamos de trabajadores y gremios por pagos pendientes de sueldos, horas extras y compensaciones.
La Intendencia de Florida, encabezada por Carlos Enciso, optó por suspender el pago de salarios a jerarcas y exfuncionarios mientras asegura los haberes del resto del personal municipal. En Flores, el intendente Diego Irazábal eliminó horas extras y beneficios especiales, ante un déficit de 112 millones de pesos y una masa salarial que representa más del 80 % del gasto operativo.
El intendente de Salto, Carlos Albisu, también dispuso no cobrar su sueldo ni el de su equipo hasta asegurar el pago a los más de 1.600 trabajadores del departamento. La comuna enfrenta una retención de fondos nacionales por deudas con el Banco República que superan los 20 millones de dólares, situación que limita severamente su liquidez.
Mientras tanto, en el otro extremo del mapa político, el intendente frenteamplista de Río Negro, Omar Lafluf, reportó un superávit de 8 millones de dólares en el ejercicio 2024, aunque con deterioro en infraestructura y maquinaria que afecta la operativa diaria.
En este contexto, la OPP propuso un fondo de 80 millones de dólares a cinco años para distribuir entre las intendencias. La mitad del monto estaría destinado a Montevideo y Canelones, mientras que los otros 17 departamentos recibirían entre 800.000 y 1 millón de dólares anuales. Los intendentes nacionalistas han rechazado esta oferta por considerarla insuficiente y exigen un incremento que eleve el total a más de 100 millones de dólares.
El plazo legal para alcanzar un acuerdo vence este jueves, cuando se cumplirán los 30 días previos al ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional al Parlamento. El acuerdo deberá contar con la aprobación del Congreso de Intendentes y la Comisión Sectorial de Descentralización.
Mientras tanto, los intendentes ajustan gastos, reordenan prioridades y enfrentan los primeros costos políticos de una gestión marcada por urgencias financieras, deudas heredadas y expectativas de una negociación aún abierta.