En el marco de la operación Faro, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) llevó a cabo cinco allanamientos en Montevideo, Canelones y San José, logrando incautar 42 paquetes de cocaína que iban a ser transportados en un camión. Además, se confiscaron cuatro vehículos, una embarcación pesquera y otros bienes que serán decomisados a solicitud de la Fiscalía, bajo el amparo de la ley contra el lavado de activos.
Como resultado de esta operación, dos personas fueron condenadas: C.M.M.M., quien fue sentenciada a siete años de prisión como autora de un delito de organización de actividades de narcotráfico y tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de depósito; y J.C.Q.M., coautor del mismo delito, con una pena de cinco años de penitenciaría.
La operación, que se inició en marzo de 2024, fue desarrollada en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) y otras agencias internacionales, bajo la supervisión de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno. La investigación se centró en una organización que ofrecía logística desde Uruguay para almacenar y enviar drogas por vía marítima, identificando a los involucrados, propiedades, vehículos y el modus operandi.
El pasado 20 de septiembre se realizaron los allanamientos en Ciudad de la Costa (Canelones), Ciudad del Plata (San José), y en tres propiedades en Montevideo (barrio Cerro y Pajas Blancas). Durante estos procedimientos se incautaron una embarcación pesquera, dos pistolas, dinero en efectivo, cinco vehículos (incluyendo un camión y un furgón), documentación, dispositivos electrónicos y artículos náuticos relacionados con la operación, como chalecos salvavidas, GPS y equipos de iluminación.
En el camión incautado en Ciudad del Plata se encontraron 20 bolsas de plastillera con paquetes tipo ladrillo que contenían cocaína, y en la finca se halló otra bolsa similar aún sin cargar.
Ante esta importante incautación, la fiscal del caso aplicó el Artículo 52 bis de la Ley contra el lavado de activos, que permite confiscar bienes y recursos cuyo origen lícito no pueda ser justificado por los condenados. La investigación continúa con el análisis de la información recopilada para profundizar en el caso.
En la operación participaron diversas entidades de seguridad, incluyendo la Dirección de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, la Policía Científica, la Dirección de Apoyo Tecnológico, el Centro de Comando Unificado y la Jefatura de Policía de San José.