En una reunión reservada realizada a mediados de año, el presidente de la República, Yamandú Orsi, planteó al titular de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, su inquietud por el estado de salud de varios militares de edad avanzada recluidos en la Unidad Nº 8 Domingo Arena, prisión donde cumplen condena —o permanecen procesados— una treintena de responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1973-1985).
Según reveló Búsqueda, el mandatario presentó informes médicos provenientes del Hospital Militar sobre más de una decena de internos cuyo estado sanitario se encuentra comprometido. Los documentos habían llegado a Presidencia a través de la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Orsi expresó preocupación por la posibilidad de que alguno de esos presos pueda fallecer en la cárcel, y consultó a Pérez cuál era el procedimiento adecuado para que esos informes fueran considerados por el Poder Judicial.
El presidente de la SCJ respondió que la Corte no tiene competencia para intervenir en esas decisiones y que la documentación debía remitirse directamente a los juzgados responsables de cada causa. Asimismo, Pérez informó posteriormente sobre el encuentro en el acuerdo semanal de ministros, instancia en la que el planteo generó sorpresa por la posibilidad de que se interpretara como una intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos estrictamente judiciales.
Consultado por Búsqueda, Orsi negó cualquier intención de influir en decisiones judiciales, asegurando que se trató únicamente de una “consulta institucional”. También afirmó desconocer si el Ministerio de Defensa ya envió los informes a los juzgados.
Pérez, por su parte, coincidió en que se trató de una reunión de cortesía, donde reiteró que medidas como la prisión domiciliaria corresponden exclusivamente a cada juez. La SCJ envió luego a Presidencia un listado con todas las causas vinculadas a los detenidos en Domingo Arena y las sedes judiciales en las que se tramitan.
Un tema sensible en la agenda política
La situación de los presos de edad avanzada ha sido una reivindicación constante de Cabildo Abierto. Su líder, el general retirado Guido Manini Ríos, ha impulsado reiteradamente la concesión de prisión domiciliaria por razones humanitarias. En el período de gobierno pasado, Cabildo presentó un proyecto de ley para otorgar ese beneficio a mayores de 65 años, iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado pero no prosperó en Diputados.
Tras las elecciones de 2024, Manini abordó nuevamente el tema en una reunión con el expresidente José Mujica, líder del MPP. Según reconstrucciones periodísticas, el cabildante expresó disposición a respaldar algunas iniciativas del futuro gobierno frenteamplista, poniendo sobre la mesa la situación de los militares presos. Mujica, fallecido este año, había expresado en varias oportunidades su posición favorable a liberar a los reclusos más ancianos por razones humanitarias.
A nivel parlamentario, los votos de los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita han sido determinantes para que el Frente Amplio alcanzara mayoría circunstancial en Diputados y aprobara proyectos clave del gobierno, entre ellos la Rendición de Cuentas y el Presupuesto Nacional.
Desde la izquierda política y social —incluyendo al Frente Amplio, el PIT-CNT y organizaciones de derechos humanos— se ha mantenido siempre una postura crítica frente a cualquier iniciativa que suponga flexibilizar las condiciones de reclusión de los condenados por crímenes de lesa humanidad, argumentando que ello podría reinstalar lógicas de impunidad.
La Suprema Corte y el margen de decisión
Más allá del rol de los jueces en cada expediente, la Suprema Corte sí tiene una instancia anual en la que puede incidir en la situación de algunos procesados: la visita de causas. Durante este procedimiento se revisan expedientes de personas sin condena firme que ya han cumplido determinados plazos de prisión preventiva. Allí, la SCJ puede otorgar beneficios excepcionales como prisión domiciliaria o libertad provisional por gracia.
Fuentes de la corporación indicaron que, en la última visita, al menos uno de los ministros estaba dispuesto a otorgar la prisión domiciliaria a presos mayores de 80 años que se encuentran en Domingo Arena, aunque esa posición no prosperó y el beneficio no fue concedido.
De acuerdo a datos del Poder Judicial correspondientes a 2024, unas 30 personas procesadas por crímenes de la dictadura cumplen reclusión en sus domicilios, beneficio generalmente otorgado por razones de salud asociadas a la edad avanzada.
Un debate que se mantiene abierto
La preocupación manifestada por Orsi reaviva un debate histórico en la política uruguaya: cómo equilibrar las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, la independencia del Poder Judicial y la atención humanitaria a presos de edad avanzada con patologías severas.
La resolución de los casos, tal como lo reiteró la SCJ, seguirá dependiendo de cada juez, mientras que la instancia de la visita anual a cárceles podría volver a poner el tema sobre la mesa en el corto plazo.