El Parlamento inició el análisis del proceso de adquisición de patrulleras oceánicas y su posterior rescisión con el astillero español Cardama, en medio de un debate jurídico sobre si el Poder Ejecutivo puede entregar a los legisladores la denuncia penal presentada ante Fiscalía y sus ampliaciones.
La comisión especial creada con este objetivo comenzó a sesionar esta semana y uno de los principales temas planteados fue el acceso a la documentación vinculada a la denuncia. El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta aseguró que el gobierno está dispuesto a proporcionar toda la información disponible, aunque aclaró que existe una opinión jurídica que advierte sobre posibles restricciones legales.
Brenta explicó que, según una respuesta oficial brindada al senador colorado Andrés Ojeda, una vez presentada una denuncia en el ámbito de la Fiscalía, esta adquiere carácter reservado. En ese sentido, indicó que la oficina correspondiente aconsejó al Poder Ejecutivo no entregar la denuncia penal, basándose en disposiciones legales vigentes. No obstante, señaló que existe la posibilidad de que la documentación sea remitida a la comisión con carácter reservado.
Desde Presidencia de la República manifestaron que analizarán cada solicitud de información que presente la comisión. Asimismo, reiteraron que la intención del Ejecutivo es colaborar y entregar los insumos requeridos, siempre respetando el marco jurídico aplicable.
El gobierno fundamentó su negativa inicial en el artículo 259 del Código del Proceso Penal, que establece que las actuaciones de investigación preliminar del Ministerio Público tienen carácter reservado para terceros ajenos al procedimiento. Esta disposición generó un nuevo foco de discusión en el ámbito parlamentario, ya que algunos legisladores consideran que los integrantes de la comisión podrían ser considerados terceros y, por tanto, no tener acceso directo a la denuncia.
En paralelo, la primera sesión de la comisión estuvo marcada por tensiones políticas entre oficialismo y oposición, especialmente en torno a la designación de la presidencia. Ante la ausencia del senador nacionalista José Luis Falero, la oposición propuso al diputado Pablo Abdala para presidir la comisión, pero el Frente Amplio, haciendo uso de su mayoría, designó al senador Nicolás Viera, quien ya ejercía como vicepresidente.
Superado ese episodio, los legisladores coincidieron en la necesidad de solicitar un informe a los servicios jurídicos del Parlamento para determinar con precisión el alcance y las potestades de la comisión especial. Esto se debe a que, a diferencia de una comisión investigadora, este ámbito no tiene las mismas facultades formales, lo que podría limitar la obligatoriedad de comparecer para los convocados.
La comisión especial funcionará durante seis meses, con reuniones semanales, y tendrá como objetivo analizar el proceso administrativo, contractual y jurídico relacionado con la adquisición de las patrulleras oceánicas y la rescisión del acuerdo con el astillero Cardama, un caso que ha generado fuerte debate político e institucional en el país.