El conflicto judicial en torno a la investigación por la estafa de Conexión Ganadera sumó un nuevo capítulo esta semana, tras la presentación de un escrito por parte del abogado Juan Pablo Decia, representante de damnificados, en el que solicita que la viuda del empresario Gustavo Basso, Daniela Cabral, cumpla prisión preventiva en la cárcel y no en su domicilio.
El planteo ante la justicia
El lunes 1º de setiembre, Decia presentó ante el Juzgado de Garantías la solicitud de audiencia para revisar la medida cautelar que mantiene a Cabral recluida en su apartamento. El penalista informó que la magistrada interviniente decidió “dar vista” a la Fiscalía, a cargo de Enrique Rodríguez, antes de resolver si admite o no el planteo.
Este detalle fue subrayado por Decia como un dato relevante, ya que la jueza no descartó de plano el pedido, tal como habían asegurado los defensores de Cabral, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson.
El contrapunto entre defensas
Días antes, el 29 de agosto, el estudio jurídico que representa a Cabral utilizó su cuenta oficial en la red social X para cuestionar públicamente al abogado de las víctimas. Allí, citando declaraciones de Decia a la prensa, sostuvieron que su colega “debería repasar” el Código del Proceso Penal, ya que los artículos 221, 222 y 224 establecen que las víctimas no cuentan con facultades para solicitar ni modificar medidas cautelares que afecten la libertad de los imputados.
La respuesta de Decia no se hizo esperar. Consideró las expresiones de sus pares como una “falta de respeto” y aseguró que el ataque “desvía el foco de lo que realmente se debe discutir” en esta causa. “Habla más de ellos y de la clienta que defienden que de mí”, afirmó en diálogo con Montevideo Portal.
Lo que viene
La jueza deberá ahora resolver si admite el pedido de audiencia formulado por Decia, tras el pronunciamiento de la Fiscalía. En tanto, la defensa de Cabral insiste en que el planteo es improcedente y carente de base jurídica, mientras que los representantes de los damnificados mantienen la posición de que la prisión domiciliaria no resulta adecuada en el contexto de la investigación.
El episodio revela la tensión creciente entre las partes involucradas y anticipa un nuevo debate judicial en torno al alcance de los derechos de las víctimas y las garantías de los imputados en procesos de gran repercusión pública.