La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal generó preocupación en la Liga de Defensa Comercial (Lideco), tras incluirse una modificación que vuelve “confidencial” parte de la información vinculada al Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG). La medida, impulsada en el inciso correspondiente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), limita el acceso a datos sobre la trazabilidad del ganado, un elemento clave para el funcionamiento del mercado agropecuario.
Lideco cuestionó que el nuevo texto sustituya el artículo 107 de la ley 16.002, agregando los términos “confidencial y reservado” a la excepción de información que los organismos públicos deben proporcionar. Para la gremial, este cambio implica una restricción al derecho de acceso a la información pública consagrado en la ley 18.381, reduciendo la transparencia y afectando la disponibilidad de datos utilizados por empresas para evaluar créditos e inversiones.
El gremio recordó que la información del SNIG —que controla la trazabilidad del ganado a partir de las declaraciones juradas de los productores— resulta fundamental para la plaza comercial. “Preocupa la postura de ocultar información en un asunto que requiere la máxima transparencia, especialmente después de lo ocurrido con los fondos ganaderos”, señala el informe de Lideco, en referencia a los casos Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte.
El documento advierte además que, de aprobarse la norma en el Senado, se limitará información “muy utilizada por el mercado”, afectando la confianza y el acceso al crédito de un sector estratégico de la economía. “El artículo tiene como único fin dificultar el acceso a los datos de DICOSE”, expresa el texto, aludiendo a la División de Contralor de Semovientes del MGAP.
El gerente general de Lideco, Bernardo Quesada, afirmó que la medida es “perjudicial” para el país, ya que “se están ocultando datos de trazabilidad”, es decir, la cantidad de cabezas de ganado que posee cada productor. Explicó que las empresas proveedoras de insumos, como fertilizantes, utilizan esa información para evaluar la solvencia económica de sus clientes antes de otorgar crédito. “¿Justo en este momento vas a cortar el acceso a la información con lo que ha ocurrido con los fondos ganaderos?”, cuestionó.
Durante las distintas administraciones, Lideco ha mantenido conflictos judiciales con el MGAP por el acceso a datos del SNIG, aunque en varias ocasiones obtuvo fallos favorables amparados en la ley de acceso a la información pública. La gremial, que agrupa a 350 empresas y 20 asociaciones de pymes —unas 8.000 firmas en total—, advierte que la medida podría generar “mayor incertidumbre en la concesión de créditos y un enrarecimiento del clima de negocios”.
El proyecto, que ahora pasará al Senado, reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección de datos y la transparencia pública, en un momento de sensibilidad para el sector agropecuario tras los escándalos financieros de los fondos ganaderos.