Presos del Penal de Libertad comenzaron este lunes una huelga de hambre en reclamo del traslado de Luis Fernando Fernández Albín y del cese de su régimen de aislamiento. La medida se suma a la huelga iniciada el domingo por el propio recluso, imputado por narcotráfico, lavado de dinero y contrabando, y considerado por las autoridades como el líder de una organización criminal con base en Cerro Norte.
La situación fue confirmada a El País desde el entorno legal de Fernández Albín, desde donde se advirtió que su salud mental “corre riesgo”. El recluso se encuentra sometido a un régimen especial del Instituto Nacional de Rehabilitación, con medidas de seguridad extraordinarias que incluyen aislamiento, vigilancia permanente y restricción de contactos.
Desde el Ministerio del Interior señalaron que la huelga de hambre constituye una “reacción” del interno y de su entorno ante la “neutralización” de la banda criminal. Según indicaron, también reclusos del sector conocido como “La Piedra” del Penal de Libertad se plegaron a la medida con el objetivo de que Fernández Albín sea trasladado.
Actualmente, el imputado se encuentra recluido en una unidad que hasta hace pocas semanas funcionaba exclusivamente como Centro de Diagnóstico y Derivación, pero que desde una resolución firmada en diciembre pasó a albergar a delincuentes considerados de alto perfil. De acuerdo a documentación oficial, esta decisión forma parte de un proceso de reorganización del sistema penitenciario, que incluye la recategorización de unidades y la aplicación de un “régimen extraordinario”.
El protocolo establece celdas individuales, prohibición de contacto con otros presos, inspecciones periódicas y aleatorias, acceso reducido al patio y restricciones en el ingreso de alimentos y ropa desde el exterior. El objetivo, según el documento, es garantizar la seguridad del sistema penitenciario y prevenir la violencia y el crimen organizado dentro de las cárceles.
La defensa de Fernández Albín presentó dos recursos de habeas corpus denunciando “tortura psicológica” y “aislamiento prolongado”. En el primero, se alcanzó un acuerdo por el cual el INR debía informar sobre su situación futura y permitirle una visita semanal de sus hijas por una hora. Sin embargo, tras confirmarse la continuidad del régimen especial, se presentó un segundo recurso que fue rechazado por la Justicia, al entender que los derechos del recluso se encuentran garantizados.
Fuentes judiciales indicaron que la visita de sus hijas rompe el aislamiento denunciado y que las medidas adoptadas se ajustan al marco legal. Desde el Ministerio del Interior remarcaron que “no es un recluso común, porque no fue un delincuente común”, y que el nivel de seguridad aplicado responde a su rol dentro de la organización criminal.
Pericias técnicas incorporadas al expediente concluyeron que Fernández Albín presenta “riesgo de violencia alto y riesgo alto de daño físico grave”, subrayando la necesidad de controlar estrictamente sus vínculos externos para reducir su capacidad de coordinación criminal.
En una evaluación psiquiátrica realizada tras el primer habeas corpus, el recluso manifestó haber tenido ideas de autoeliminación como consecuencia del aislamiento. “Estoy aislado, sofocado, sin un compañero para hablar, incomunicado”, expresó, según consta en el documento judicial.
Mientras tanto, la huelga de hambre iniciada en el Penal de Libertad suma tensión al conflicto, en un contexto en el que las autoridades penitenciarias sostienen que el régimen aplicado es clave para mantener la seguridad y evitar la reorganización de estructuras criminales desde el sistema carcelario.