1. Un cambio sustancial en la lógica del secreto bancario
El proyecto de Ley de Presupuesto presenta en su artículo 635 una modificación que ha pasado relativamente desapercibida: se faculta a la Dirección General Impositiva (DGI) para requerir directamente información a entidades financieras en el marco de sus investigaciones y fiscalizaciones, sin necesidad de intervención judicial
2. ¿Cómo está redactado el artículo 635?
El artículo establece que la DGI podrá requerir cuentas, productos, servicios u operaciones financieras —sobre personas físicas, jurídicas u otras entidades— en términos equivalentes a los pedidos que pudiera hacer un Estado extranjero, basándose en instrumentos internacionales de intercambio de información fiscal
3. Críticas desde la academia: menos garantías para los contribuyentes
Andrés Blanco, profesor grado 5 de Derecho Financiero en la Universidad de la República, advirtió que la medida es menos garantista que el régimen actual. Destacó que hoy se exige la intervención de la justicia y la existencia de indicios de evasión, condiciones que ya no aparecen en la nueva propuesta
Esto implica que, ante un posible incumplimiento tributario, los bancos deberán entregar información sin que exista una orden judicial previa, comprometiendo los mecanismos de control existentes
4. Un cambio alineado con recomendaciones internacionales
Fuentes como El País contextualizan este cambio dentro de ajustes que Uruguay ha venido realizando desde 2009 para cumplir con estándares de transparencia fiscal de la OCDE. La medida permitiría que la DGI acceda a información bancaria sin pasar por la Justicia, tanto para responder a otro fisco como para sus propias investigaciones pedidos de internas
La jefa de la Secretaría del Foro Global de Transparencia de la OCDE, Zayda Manatta, había señalado que este modelo —de previa judicialización— ha dificultado en ocasiones la entrega de información necesaria a la administración tributaria
5. ¿Cuál es el estado actual del secreto bancario frente a la DGI?
Desde 2017, bajo la Ley 19.484, se eliminó parcialmente el secreto bancario frente a la DGI, obligando a los bancos a reportar periódicamente saldos, rendimientos y datos de clientes. Pero, para acceder a detalles más precisos (como movimientos o transacciones específicas), todavía se requería:
Una autorización expresa del contribuyente, o
Una orden judicial fundada, en casos de presunta defraudación fiscal
6. Lo que cambia con la nueva propuesta
Con el nuevo artículo 635:
El acceso de la DGI a datos detallados podría darse sin orden judicial ni autorización del contribuyente;
Los controles judiciales quedan relegados, generando cuestionamientos sobre posibles vulneraciones de derechos a la privacidad y al debido proceso.