La Justicia de Cerro Largo dictó sentencia condenatoria al culminar una investigación por apropiación indebida, abuso de estado de inferioridad y fraude informático que tuvo como víctima a un hombre de 76 años. El fallo representa un cierre judicial exitoso de una causa iniciada a partir de una denuncia anónima y coordinada por distintas unidades policiales especializadas.
Según informó la Jefatura de Policía, el caso se originó tras detectarse una maniobra fraudulenta vinculada a la venta de ganado y de una propiedad rural, además de retiros bancarios no autorizados realizados desde la cuenta de la víctima. El perjuicio económico total fue estimado en unos 80.000 dólares estadounidenses.
Del monto defraudado, aproximadamente 60.000 dólares corresponden a la venta de ganado y del inmueble rural que nunca fue abonada, mientras que otros 20.000 dólares fueron retirados de la cuenta bancaria del damnificado mediante operaciones irregulares.
El Juzgado de Primera Instancia de Cerro Largo condenó a Ángel Alejandro Montiel Machado, poseedor de antecedentes penales, como autor de reiterados delitos de apropiación indebida, abuso de estado de inferioridad psicológica para personas incapaces y fraude informático. La pena impuesta fue de 13 meses de prisión efectiva.
Además de la condena privativa de libertad, la sentencia dispuso la obligación de reparar el daño patrimonial causado. Esta reparación se concretará mediante la cesión a la víctima de una camioneta incautada en el marco de la causa, así como el decomiso del dinero obtenido de forma ilícita.
La investigación fue llevada adelante por el Departamento de Delitos Informáticos, debido a la complejidad de las maniobras bancarias detectadas. También tuvo un papel clave el aporte de DICOSE, que permitió analizar los movimientos y registros del sistema ganadero para reconstruir la operativa fraudulenta.
Por su parte, la Fiscalía Letrada de 2º Turno dispuso una serie de actuaciones previas que resultaron determinantes para el esclarecimiento del caso, entre ellas la detención del imputado, allanamientos y la incautación de evidencia digital.