Una propuesta impulsada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, abrió un nuevo foco de debate dentro del oficialismo al plantear la posibilidad de que pequeños ahorristas inviertan en acciones de empresas públicas.
La iniciativa, presentada como una idea personal, apunta a canalizar el ahorro nacional hacia las empresas estatales para potenciar su capacidad de inversión. Según explicó Sánchez en una entrevista radial, la propuesta busca ofrecer alternativas a sectores de la clase media que, tras episodios como el caso Conexión Ganadera, enfrentan dificultades para encontrar destinos seguros para sus ahorros.
El planteo retoma una idea previamente promovida por el expresidente José Mujica, aplicada en proyectos como el parque eólico Valentines, y se enmarca en la intención de fortalecer el rol de las empresas públicas como motores del desarrollo.
Sin embargo, la propuesta generó reacciones dispares tanto dentro como fuera del Frente Amplio. Mientras algunos sectores de la oposición manifestaron apertura a discutirla, desde el oficialismo surgieron reparos, especialmente en los sectores más ortodoxos.
El senador del Partido Socialista, Gustavo González, señaló que una iniciativa de este tipo debería contar previamente con el respaldo de los trabajadores y advirtió que no forma parte del programa actual de la coalición. Si bien no descartó el debate, cuestionó su urgencia en el contexto actual.
Las diferencias también se trasladaron al ámbito legislativo. El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Joaquín Sequeira, defendió la necesidad de introducir cambios que fortalezcan a las empresas públicas y respondió a las críticas a través de redes sociales, en un intercambio que fue respaldado por otros dirigentes como Charles Carrera.
Por su parte, el Partido Comunista del Uruguay expresó que el debate es pertinente, aunque remarcó que debe respetar los pronunciamientos ciudadanos y garantizar la propiedad estatal, así como el rol social de las empresas públicas dentro de la estrategia de desarrollo nacional.
Uno de los principales cuestionamientos surgió desde el ámbito sindical, donde algunos actores asociaron la propuesta con posibles procesos de privatización, una preocupación que Sánchez buscó desmarcar. En ese sentido, afirmó que la defensa de las empresas públicas no debe implicar inmovilismo y rechazó alineamientos con posturas neoliberales.
El debate se da en paralelo a otra discusión interna relevante dentro del oficialismo: la eventual implementación de un impuesto al 1% más rico, iniciativa que no cuenta con el respaldo del presidente Yamandú Orsi, del ministro de Economía Gabriel Oddone ni del propio Sánchez.
Pese a las tensiones, tanto Orsi como el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, manifestaron su respaldo político al secretario de Presidencia, destacando la importancia de promover la discusión sobre el futuro de las empresas públicas.