El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, enfrenta un debate jurídico y político debido a su doble rol como jerarca del organismo y colono activo, lo que podría contravenir el artículo 200 de la Constitución uruguaya. Este artículo prohíbe a los directores generales del Estado ejercer simultáneamente actividades relacionadas directa o indirectamente con la institución a la que pertenecen.
El gobierno del presidente Yamandú Orsi reconoció que Viera no estaba respetando la Constitución al dirigir el INC y al mismo tiempo dedicarse a la producción de su tierra como colono. Como solución, se propuso que Viera evite la explotación del campo que arrienda.
La oposición, especialmente el senador colorado Pedro Bordaberry, argumenta que las decisiones tomadas por Viera en su calidad de presidente del INC podrían ser nulas debido a esta incompatibilidad constitucional. Esto incluye la compra de un campo de 4.400 hectáreas en Florida por US$ 32,5 millones, destinada a la instalación de productores lecheros.
El constitucionalista Martín Risso sostiene que, aunque el asunto es discutible, podría sostenerse que los actos administrativos ejecutados por Viera son nulos. Sin embargo, señala que no está claro quién tendría legitimación para reclamarlo y que la nulidad solo se aplicaría si Viera renuncia a su condición de colono.
La situación ha generado un debate sobre la legalidad de las acciones de Viera y la necesidad de revisar las decisiones tomadas durante su gestión al frente del INC. Se espera que el próximo 2 de junio, Viera y el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, comparezcan ante la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado para brindar explicaciones sobre este tema.