El ente anunció que apelará la definición del mismo juez que suspendió en julio de 2022 la vacunación anticovid infantil; el tema lo resolverá un tribunal tras la próxima feria judicial.
«Nosotros seguimos trabajando», dijo una alta fuente del Consorcio Aguas de Montevideo, ganadora de la licitación del Proyecto Arazatí, horas después de que el juez Alejandro Recarey ordenara a OSE suspender la firma del contrato con el grupo privado conformado por las empresas uruguayas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil, tras marcar una serie de cuestionamientos.
Recarey resolvió ayer “ordenar” a OSE a que “no suscriba” el contrato con el consorcio privado “hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”. Esta definición la tomó tras “suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable”, aludiendo a una presunta contravención con el artículo 47 de la Constitución de la República.
También presentó reparos a una posible “vulneración” de la Política Nacional de Aguas, y sostuvo que hay “extremos indiciarios serios” de que se “podría estar optándose por servir” a la población metropolitana de un agua de “menor calidad que la que podría disfrutar”.
También cuestionó que no se haya discutido “a fondo” las posibilidades de que pueda haber “sobrecostos gravosos” en las tarifas de agua.
La definición que tomó el mismo juez que suspendió en julio de 2022 la vacunación anticovid en menores de 13 años, derivó en un intenso debate político a poco de conocerse la resolución judicial que ahora deberá laudar un Tribunal de Apelaciones. El caso se podría definir dentro de uno o dos meses, tras la feria judicial del 1° al 15 de julio, según consultas jurídicas en base a casos previos.
Desde el consorcio privado hay cautela, con el objetivo de no interferir con el proceso que apunta directamente a OSE y otros organismos públicos; así como también se insiste en que existe absoluta confianza con lo actuado, y optimismo con el próximo fallo judicial, según consultas realizadas por El País a fuentes del grupo integrado por varias de las constructoras más grandes del país.
En línea con el resto de los jerarcas vinculados al consorcio, el ingeniero Francisco Gross, director técnico del Proyecto Arazatí, al ser consultado por El País, dijo que prefería “no opinar” sobre el reciente fallo, sin embargo declaró: “No estamos de acuerdo con los fundamentos y vamos a proseguir, con las instancias que correspondan, a la espera de que esto se dilucide de la mejor manera. Entendemos que la Justicia tiene procedimientos para superar esta instancia”.
El tono fue en línea con un comunicado que emitió ayer OSE, anunciando que el gobierno iba a apelar la definición “por lo que corresponde esperar el resultado final del proceso judicial”. A continuación, se aclaró que Arazatí “garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana, como es el acceso al agua potable”, y que apunta a resolver un “problema” que “se arrastra desde hace muchos años” al no contar con una segunda fuente de abastecimiento para la zona.