Una mujer en Villa Mercedes, San Luis, Argentina, recibió por error un depósito de más de 500 millones de pesos argentinos (aproximadamente 428.000 dólares estadounidenses) en su cuenta bancaria, en lugar de los 8.000 pesos que esperaba como cuota alimentaria. En cuestión de horas, gastó la totalidad del dinero realizando 66 transferencias a familiares y adquiriendo bienes como un automóvil, electrodomésticos y otros artículos para el hogar.
La beneficiaria, Verónica Acosta, alegó haber pensado que se trataba de 500.000 pesos (unos 400 euros) y que utilizó el dinero en necesidades básicas y para ayudar a sus familiares.
Al descubrirse el error, las autoridades provinciales denunciaron el caso, lo que llevó a la detención de Acosta y cinco de sus familiares, todos imputados por presunto fraude a la administración pública. La Justicia ordenó la confiscación de los bienes adquiridos y les impuso multas de aproximadamente 27.700 euros a cada uno, con un plazo de tres días para abonarlas y evitar la prisión preventiva.
El abogado defensor calificó la sanción como desproporcionada y argumentó que la familia fue víctima de un error estatal. Este caso ha generado un debate nacional en Argentina sobre la responsabilidad del Estado ante errores administrativos y la proporcionalidad de la respuesta judicial.