Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo alcanzaron un nuevo máximo histórico en Uruguay durante 2025, según la Memoria Anual de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay.
De acuerdo al informe, en 2025 se registraron 1.080 reportes, lo que representa un incremento del 12% respecto a 2024, cuando se habían contabilizado 964, que hasta entonces era el mayor registro.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el sector financiero, que aportó 972 reportes, un aumento de 10,4% interanual. En tanto, el sector no financiero mostró un incremento más pronunciado, del 28,6%, alcanzando 108 reportes. Sin embargo, su participación continúa siendo baja, representando apenas el 10% del total.
Desde el organismo regulador se ha señalado en reiteradas ocasiones que esta proporción no refleja el nivel de riesgo de ciertas actividades no financieras —como el rubro inmobiliario—, consideradas especialmente vulnerables al lavado de activos.
El informe también destaca que los reportes del sector no financiero crecieron por cuarto año consecutivo, aunque todavía no alcanzan los niveles de 2019 (149 reportes) ni el pico registrado en 2018 (263).
En cuanto a la estructura de control, la Unidad de Información y Análisis Financiero, dependiente de la Superintendencia, es la encargada de la investigación y análisis en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Además, cumple funciones de supervisión con foco en la prevención dentro de las entidades reguladas.
Como parte del fortalecimiento del sistema, en julio de 2025 se aprobó una nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, elaborada a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2023. El plan establece 22 objetivos con metas y acciones concretas a ejecutar hasta marzo de 2030, involucrando a distintos organismos del Estado.
En el plano internacional, durante 2025 Uruguay recibió 38 pedidos de información vinculados a estas investigaciones, una cifra levemente superior a la de 2024. En contrapartida, se enviaron cinco solicitudes al exterior, lo que marca una disminución respecto al año anterior.
Los datos reflejan una mayor actividad en la detección de operaciones sospechosas, en un contexto donde las autoridades buscan reforzar los mecanismos de control y prevención frente al avance del crimen organizado y las redes de lavado de dinero.