El gobierno nacional avanza en una reforma del Código del Proceso Penal (CPP), respaldada —según autoridades— por un amplio sustento técnico y doctrinario, mientras que desde la oposición comienzan a surgir las primeras dudas y cuestionamientos.
La iniciativa fue impulsada tras la asunción del presidente Yamandú Orsi, quien definió la actualización del CPP como una prioridad de gestión. En abril de 2025 se conformó un Grupo Asesor Técnico, promovido por el prosecretario Jorge Díaz, encargado de elaborar una propuesta integral de reforma. Durante casi un año, el equipo trabajó con la participación de instituciones clave del sistema judicial, como la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Colegio de Abogados, entre otros.
El documento final fue entregado al Ejecutivo el pasado 16 de marzo y se prevé que en los próximos días ingrese al Parlamento para su discusión. Desde el oficialismo se destaca que el proyecto recoge aportes de múltiples actores, lo que —aseguran— le otorga solidez técnica.
Según explicó el jurista Gabriel Valentín, la reforma responde a las sucesivas modificaciones que ha tenido el CPP desde su implementación en 2017, lo que generó inconsistencias en su funcionamiento. En ese sentido, el objetivo es dotar al sistema de mayor coherencia, reforzar garantías para los imputados y ampliar las herramientas tanto de la defensa como de la Fiscalía.
Entre los cambios más relevantes, se propone reinstalar la suspensión condicional del proceso, una herramienta eliminada en 2020 por la Ley de Urgente Consideración durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Este mecanismo permitía evitar penas de cárcel en delitos leves mediante acuerdos con las víctimas.
El tema volvió al debate tras un caso ocurrido en 2019, en el que un hombre acordó con la Fiscalía la elaboración de 100 tortas fritas como reparación, situación que generó polémica pública. El actual ministro del Interior, Carlos Negro, defendió recientemente esta herramienta, señalando que es ampliamente utilizada a nivel internacional y que resulta eficaz para evitar la reincidencia en delitos menores.
En el plano político, la reforma enfrenta un escenario incierto. Si bien algunos dirigentes de la oposición se muestran dispuestos a analizar cambios, otros plantean fuertes reparos e incluso proponen derogar el CPP vigente. También se cuestiona el rol de Jorge Díaz en la elaboración del proyecto, al haber sido uno de los impulsores del sistema actual.
El proyecto deberá ahora sortear el debate parlamentario, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia, por lo que será clave la negociación con los partidos de la coalición republicana para avanzar en su aprobación.