La Corte Suprema de Rusia declaró “organización extremista” a la ONG Memorial, una de las entidades más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en ese país y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022. La medida, impulsada en el contexto del gobierno del presidente Vladimir Putin, endurece significativamente las sanciones contra quienes mantengan vínculos con la organización.
Memorial, fundada en 1989 por referentes como Andréi Sájarov, tenía como objetivo documentar las violaciones a los derechos humanos durante la era soviética y preservar la memoria de sus víctimas. Con el paso de los años, amplió su labor a la investigación de abusos en conflictos como Chechenia y Siria, además de monitorear el deterioro democrático en Rusia.
La ONG ya había sido catalogada como “agente extranjero” en 2015 y sus actividades fueron disueltas por la justicia rusa en 2021, lo que obligó a gran parte de su estructura a operar desde el exilio. Con la nueva resolución, todas sus divisiones quedan prohibidas en territorio ruso, y cualquier colaboración —incluyendo donaciones, difusión de contenido o incluso interacciones en redes sociales— podría derivar en procesos judiciales y penas de prisión.
Desde Memorial calificaron la decisión como “ilegal” y advirtieron que representa una nueva etapa de presión sobre la sociedad civil. Asimismo, el Centro de Derechos Humanos de la organización anunció el cese inmediato de sus actividades dentro de Rusia y recomendó a la población evitar cualquier tipo de vínculo con sus redes.
La Corte Suprema justificó la medida al sostener que las actividades de la ONG son “antirrusas” y buscan debilitar los fundamentos del Estado, además de afectar los valores históricos, culturales y morales del país.
En paralelo, expertos de la Organización de las Naciones Unidas condenaron la decisión y advirtieron sobre el uso creciente de leyes antiextremismo para silenciar voces críticas. Señalaron que estas normativas están siendo utilizadas para desmantelar organizaciones de la sociedad civil y criminalizar a defensores de derechos humanos.
Según datos difundidos por estos especialistas, más de 340 organizaciones han sido declaradas “indeseables” en Rusia, mientras que más de mil personas y entidades han sido etiquetadas como “agentes extranjeros” y cientos de grupos incluidos en listas de presunto extremismo o terrorismo.
El caso de Memorial se suma a una serie de acciones recientes contra activistas y organizaciones opositoras, en un contexto marcado por la represión de la disidencia y las críticas a la guerra en Ucrania. Organismos internacionales advierten que estas medidas consolidan un escenario de creciente restricción a las libertades fundamentales en Rusia.
Rusia declara “extremista” a la ONG Memorial y profundiza la presión sobre la sociedad civil La Corte Suprema de Rusia declaró “organización extremista” a la ONG Memorial, una de las entidades más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en ese país y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022. La medida, impulsada en el contexto del gobierno del presidente Vladimir Putin, endurece significativamente las sanciones contra quienes mantengan vínculos con la organización. Memorial, fundada en 1989 por referentes como Andréi Sájarov, tenía como objetivo documentar las violaciones a los derechos humanos durante la era soviética y preservar la memoria de sus víctimas. Con el paso de los años, amplió su labor a la investigación de abusos en conflictos como Chechenia y Siria, además de monitorear el deterioro democrático en Rusia. La ONG ya había sido catalogada como “agente extranjero” en 2015 y sus actividades fueron disueltas por la justicia rusa en 2021, lo que obligó a gran parte de su estructura a operar desde el exilio. Con la nueva resolución, todas sus divisiones quedan prohibidas en territorio ruso, y cualquier colaboración —incluyendo donaciones, difusión de contenido o incluso interacciones en redes sociales— podría derivar en procesos judiciales y penas de prisión. Desde Memorial calificaron la decisión como “ilegal” y advirtieron que representa una nueva etapa de presión sobre la sociedad civil. Asimismo, el Centro de Derechos Humanos de la organización anunció el cese inmediato de sus actividades dentro de Rusia y recomendó a la población evitar cualquier tipo de vínculo con sus redes. La Corte Suprema justificó la medida al sostener que las actividades de la ONG son “antirrusas” y buscan debilitar los fundamentos del Estado, además de afectar los valores históricos, culturales y morales del país. En paralelo, expertos de la Organización de las Naciones Unidas condenaron la decisión y advirtieron sobre el uso creciente de leyes antiextremismo para silenciar voces críticas. Señalaron que estas normativas están siendo utilizadas para desmantelar organizaciones de la sociedad civil y criminalizar a defensores de derechos humanos. Según datos difundidos por estos especialistas, más de 340 organizaciones han sido declaradas “indeseables” en Rusia, mientras que más de mil personas y entidades han sido etiquetadas como “agentes extranjeros” y cientos de grupos incluidos en listas de presunto extremismo o terrorismo. El caso de Memorial se suma a una serie de acciones recientes contra activistas y organizaciones opositoras, en un contexto marcado por la represión de la disidencia y las críticas a la guerra en Ucrania. Organismos internacionales advierten que estas medidas consolidan un escenario de creciente restricción a las libertades fundamentales en Rusia.
