El gobierno y el Congreso de Intendentes no lograron alcanzar un acuerdo en torno a los montos y criterios de distribución de las transferencias del presupuesto quinquenal, y será el presidente Yamandú Orsi quien deba resolver el diferendo antes del cierre del plazo constitucional. La tensión persiste entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los jefes departamentales, que reclaman mayor equidad en la asignación de recursos.
La OPP propuso un total de 80 millones de dólares a distribuir en cinco años entre las 19 intendencias, cifra que fue presentada como la más alta en la historia de estas transferencias. Sin embargo, los intendentes consideran que no se trata de fondos adicionales, sino de una redistribución con un nuevo criterio que consideran perjudicial para varios departamentos del interior.
Según la propuesta oficial, Montevideo y Canelones concentrarían el 50% de los recursos, mientras que el restante 50% se repartiría entre las 17 intendencias restantes. Esto significaría ingresos anuales de entre 800.000 y un millón de dólares para cada uno de los departamentos más pequeños, lo que fue catalogado como “insuficiente” por varios intendentes, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio.
El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera (Paysandú), expresó que no se llegó a un acuerdo pese a las sucesivas reuniones mantenidas en los últimos días. Advirtió que la propuesta oficial “no implica dinero nuevo” y que el planteo del gobierno desconoce las responsabilidades crecientes de las intendencias en áreas como salud, vialidad y atención social.
El conflicto se centra, además, en la administración del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Los intendentes reclaman que el 60% de ese fondo sea distribuido directamente entre los gobiernos departamentales, mientras que el Ejecutivo propone retener el control de un mayor porcentaje para financiar políticas de descentralización desde el nivel central.
La Constitución establece que el Ejecutivo debe remitir el proyecto de Presupuesto Nacional al Parlamento antes del 31 de julio. Si no hay acuerdo, el Congreso de Intendentes puede presentar una propuesta propia, que el gobierno está obligado a incluir sin modificaciones, aunque luego podría ser ajustada durante el trámite parlamentario.
El desenlace de este conflicto pone a prueba la capacidad de negociación del presidente Orsi, que deberá intervenir para evitar un quiebre político con los intendentes a solo meses de haber asumido el gobierno. Lo que está en juego es no solo la distribución de fondos, sino también la relación futura entre el gobierno central y los territorios, en un país históricamente tensionado por el centralismo y la demanda de mayor equidad territorial.