La industria láctea uruguaya atraviesa un nuevo episodio de tensión que ha derivado en imágenes impactantes: tamberos arrojando leche y tanques desbordando en varios puntos del país. La situación es consecuencia directa de las medidas gremiales adoptadas por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), en rechazo al cierre de la planta número 14 en Rivera anunciado por la cooperativa.
Desde el pasado jueves 24 de julio, el sindicato implementa un plan de lucha que incluye paros parciales, trabajo a reglamento y la suspensión de horas extras, lo que ha generado demoras significativas en el retiro de leche desde los tambos. Como resultado, cientos de productores enfrentan el colapso de sus instalaciones de almacenamiento, viéndose obligados a desechar grandes volúmenes de leche por falta de capacidad para refrigerarla.
La situación es especialmente crítica en departamentos como San José, Florida y Canelones. En la planta principal de Villa Rodríguez se acumularon más de 30 camiones cisterna a la espera de poder descargar, generando un cuello de botella logístico que agrava las pérdidas. Se estima que al menos un millón de litros de leche no han podido ser procesados.
Desde las gremiales lecheras, como la Asociación de Tamberos de Canelones, se hizo un llamado al sindicato a actuar “con códigos”, advirtiendo que las medidas están afectando directamente a pequeños y medianos productores, y que el derrame de leche representa no solo una pérdida económica, sino también un impacto ambiental y sanitario.
El conflicto se originó tras el anuncio del cierre de la planta de Rivera previsto para octubre, donde trabajan unas 20 personas. La cooperativa fundamentó la decisión en una sostenida baja en la demanda de leche en sachet y en los elevados costos operativos del establecimiento. Sin embargo, el sindicato considera que la medida es abusiva y que no garantiza el mantenimiento de los puestos laborales, por lo que rechaza las propuestas de la empresa.
Desde el ámbito político, figuras como el senador nacionalista Sebastián Da Silva y el exdirector de la Granja Nicolás Chiesa (Partido Colorado) expresaron su preocupación y pidieron la intervención del gobierno. El Ministerio de Trabajo mantiene contactos con las partes en busca de una salida negociada, aunque hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que destrabe el conflicto.
El episodio revela la fragilidad del equilibrio en la cadena láctea y la necesidad de mecanismos de resolución de conflictos que contemplen tanto los derechos de los trabajadores como la sustentabilidad de los tambos, especialmente en un sector que ya venía golpeado por crisis climáticas, baja rentabilidad y reducción del consumo interno.
Mientras tanto, la imagen de la leche derramada en campos y caminos se vuelve símbolo de un conflicto que, si no encuentra una pronta solución, puede derivar en consecuencias más graves para una de las principales industrias del interior del país.
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