La Defensoría está en una situación «crítica»; en Montevideo hay un defensor penal por cada cuatro fiscales y piden 100 cargos a nivel nacional para dar un «servicio digno», dijo presidenta del gremio.
Aunque en ese momento trabajaba para una financiera, Carolina Camilo no había dejado atrás la inquietud que le surgió cuando participó de los consultorios jurídicos barriales del Centro de Estudiantes de Derecho. Por eso concursó y se estrenó como defensora pública en abril de 2018 en la ciudad del Chuy. A la semana se afilió a la Asociación de Defensores Públicos de Uruguay (Adepu), gremio del que fue recientemente electa como presidenta. A la vez, ejerce como defensora pública de Familia en Pando. Desde allí, intenta conseguir soluciones para sus colegas, que sufren, sostiene, una sobrecarga laboral en un sistema “bastante colapsado”