En la audiencia en la que pidieron el reexamen, los abogados de Antel contaron qué cosas, a su juicio, quedaron sin hacer. Se lo solicitarán al nuevo fiscal.
El fiscal Enrique Rodríguez definió la reapertura del caso Antel Arena en el que se denuncian presuntas irregularidades denunciadas en la construcción del complejo multipropósito. Ahora, será él quien retome la investigación que su colega Alejandro Machado había resuelto archivar.
Con la reapertura existen varios caminos posibles, aunque nada asegura cuáles pueden ser los resultados posibles: la imputación de alguna persona indagada o el archivo, que en ese caso sería definitivo.
Rodríguez ya conoce parte del caso porque fue el fiscal que comenzó la indagatoria, pero en febrero de 2023 fue trasladado a otra sede y la investigación la continuó Machado. Él fue quien la archivó y ante la solicitud de la defensa de Antel, que encabeza Gustavo Bordes, la Justicia otorgó el reexamen. Allí Rodríguez revisó el expediente y determinó su reapertura.
Al momento de pedir el reexamen, Antel argumentó dos cuestiones que corrían en paralelo. Por un lado, advertía que había faltado recolectar prueba. Y por otro, decían que entre la prueba recolectada, de la que -según Machado- se desprenden “desprolijidades” en el proceso, en realidad surgía que había habido delitos de abuso de funciones.
Las opciones que se abren hacia adelante son al menos tres. La primera es que Rodríguez haya definido la reapertura porque el exiguo plazo (20 días hábiles) que tenía para pronunciarse al respecto no le fue suficiente para analizar en detalle toda la evidencia. De esa forma, puede reabrirlo, analizarlo sin un plazo a cuestas y después tomar su decisión final. La segunda es hacer lugar a las solicitudes de la defensa. Bordes anunció en sede judicial que pediría algunos testimonios más e incluso volver a citar a alguno de los que ya declararon. También propuso una prueba para darle mayor credibilidad a una evidencia que trajo polémica en el ámbito político: el informe de Ecovis sobre el costo del estadio multipropósito.
Existió una discusión respecto de si fue una auditoría, como fue planteado por Antel inicialmente, o no. Bordes reconoció en audiencia judicial que no se trata de una auditoría propiamente dicha. Sin embargo, sostuvo que eso no menoscaba su validez y propuso una “metaauditoría”.
El abogado que representa a Antel pretende que un técnico calificado resuelva si está bien hecha o no, para certificar su contenido. Eso podrían hacerlo técnicos del Instituto Técnico Forense (ITF) o de alguna empresa que contratara la Fiscalía.
De todas formas, Antel no está atado a las diligencias que pidió en la última audiencia judicial. Cuentan con la oportunidad de pedir una cita con el fiscal y solicitar otras pruebas.
La tercera opción entre los caminos a seguir es que Rodríguez entienda que faltó recolectar prueba, pero no precisamente la que solicita la defensa de Antel. En ese caso, él puede disponer las medidas que entienda pertinentes para obtener esa prueba que le falta y a raíz de eso tomar la decisión final.
Si definiera sostener la posición ya adoptada por Machado y resuelve archivar el caso, sería definitivo e inapelable.
Denuncia y archivo.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2021 por las autoridades de Antel, argumentando que había tres irregularidades. En primer lugar, que se violó “el principio de especialidad” que establece que los entes autónomos no pueden realizar “negocios extraños” a su función.
El segundo punto refiere al costo del estadio multipropósito. La empresa externa que contrató Antel para cotizar el monto, estimó que el costo fue más del doble de lo estimado por la expresidenta de Antel, Carolina Cosse, inicialmente.
En tercer lugar, compararon el costo de la construcción con otros espacios similares en la región y argumentaban que el Antel Arena fue considerablemente más costoso.
Machado, definió archivarlo porque aunque constató “desprolijidades” y un “manejo dispendioso de los recursos públicos” en el proceso de construcción, entendió que no había un delito. En cuanto al principio de especialidad, el fiscal valoró que existen dos interpretaciones que cuentan “con sustento constitucional y doctrinario sólido”.
En otro pasaje del dictamen, también abordó la cuestión del costo. Advirtió que mientras la empresa Ecovis dice que costó US$ 120 millones, el director de Antel por el FA, Daniel Larrosa, sostuvo que fueron US$ 65 millones. Para el fiscal el único informe oficial es el del Tribunal de Cuentas, de 2019, que concluye que “lo gastado por Antel en el proceso de construcción y puesta en marcha del Antel Arena asciende a la suma de US$ 85.995.517”.