Actualmente la secretaría de Estado cuenta con 2.300 tobilleras, de las cuales 2.060 están en funcionamiento; 60 son usadas por niños o adolescentes, la mayoría en condición de víctimas.
“El retiro no autorizado o la destrucción de medios o dispositivos de rastreo y control electrónicos será castigado con una pena de 10 a 18 meses de prisión y con 20 UR a 900 UR de multa”. Este artículo fue aprobado en 2020 dentro de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y desde ese entonces unas 459 personas fueron judicializadas por este delito.
Actualmente el Ministerio del Interior cuenta con 2.300 tobilleras electrónicas, según un último relevamiento de la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe). Esta cifra prácticamente duplica las 1.200 con que inició la actual gestión, según informaron desde la cartera a El País.
De la cifra total de dispositivos, no todos están a disposición para ser utilizados. Algunos se encuentran en reparación, otros en transición para quedar en condiciones óptimas para ser aplicados. El número de tobilleras activas es 2.060.
Al mismo tiempo, existen actualmente 34 las víctimas que están siendo custodiadas por personal policial. Esto significa que cerca de 200 policías trabajan por día dedicados a este cuidado. “Son dos por turno, en tres turnos de ocho horas”, explicó el subsecretario de Interior, Pablo Abdala, a El País.
Entre quienes portan una tobillera electrónica, se encuentran 60 niños o adolescentes. Si bien en su mayoría se trata de víctimas de violencia, algunos de ellos fueron denunciados como victimarios.
Abdala destacó en diálogo con El País el crecimiento en la inversión para la adquisición de tobilleras y el sistema de monitoreo. La proyección realizada de lo que se invertirá en todo este año es de $ 239 millones, mientras que en 2023 fueron $ 182,5 millones, y en 2022 $ 130 millones, según datos a los que accedió El País.
“Esto se debe a una mayor incorporación de dispositivos, así como softwares necesarios para mejorar el control”, aseguró el subsecretario.
Desde la aprobación de la LUC en 2020, 459 personas fueron formalizadas o condenadas por el delito de ruptura del dispositivo. En todo 2023 fueron judicializadas 250 personas, algunas por este mismo delito y otras por desacato.
Entre las cerca de 2.400 tobilleras en poder del Ministerio del Interior hay una 200 que, según el relevamiento de la Dimoe, es necesario que se revise su asignación. Esto puede deberse a varios motivos. Algunos de ellos son la ruptura por parte del portador o necesidad de una nueva evaluación de los riesgos porque se registraron varias situaciones.