El director en representación de la oposición en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), Richard Charamelo, se refirió a las denuncias sobre la venta clandestina de combustibles en distintos departamentos fronterizos con Brasil, una práctica que preocupa tanto a las autoridades como a los operadores legales del sector.
Una problemática recurrente
La diferencia de precios entre Uruguay y Brasil en naftas y gasoil ha fomentado desde hace años el contrabando y la comercialización irregular de combustibles en localidades de frontera. Según las denuncias recibidas, este fenómeno persiste en zonas de Cerro Largo, Rivera y Artigas, donde se detectan puntos de expendio informal que afectan la recaudación fiscal y la seguridad de los consumidores.
Declaraciones de Charamelo
Consultado al respecto, Charamelo sostuvo que la URSEA debe fortalecer los mecanismos de control y trabajar en coordinación con otros organismos estatales para frenar este tipo de actividades. “No solo se trata de un perjuicio económico, sino también de un riesgo en materia de seguridad, porque el combustible almacenado y vendido de manera clandestina no cumple con ninguna norma de calidad ni con los protocolos de seguridad exigidos”, advirtió.
Impacto en la frontera
Los operadores legales de estaciones de servicio también han reclamado medidas más firmes. Afirman que la competencia desleal de la venta clandestina erosiona sus ingresos y desalienta la inversión en plazas donde la rentabilidad ya es limitada.
Próximos pasos
Charamelo planteó la necesidad de una política integral, que combine controles más rigurosos, coordinación binacional con Brasil y campañas de concientización para la población fronteriza. “El combate a la clandestinidad requiere acción sostenida; de lo contrario, seguiremos viendo cómo el mercado formal pierde terreno y los riesgos para la ciudadanía se multiplican”, concluyó.