Uruguay avanza en plan de exploración petrolera en el mar: perforaciones previstas en siete zonas

Uruguay inició un nuevo capítulo en su política energética con el avance de un ambicioso plan de exploración petrolera en aguas oceánicas, que contempla estudios de prospección sísmica y perforaciones en siete áreas marítimas ubicadas a más de 100 kilómetros de la costa. El proceso, liderado por ANCAP con participación del Ministerio de Ambiente y diversas empresas internacionales, podría culminar en la primera perforación exploratoria antes de 2027.

Las zonas en cuestión fueron adjudicadas mediante la “Ronda Uruguay Abierta” a compañías como Chevron y APA Corporation, bajo contratos de producción compartida. Se estima que la inversión inicial supere los 160 millones de dólares, con campañas de prospección sísmica 3D que abarcarán miles de kilómetros cuadrados de plataforma marina.

Antes de iniciar las tareas técnicas, las empresas deben obtener la habilitación ambiental correspondiente. Por tratarse de una actividad clasificada como de “Categoría C” —potencialmente de alto impacto ambiental—, el proceso incluye auditorías técnicas, audiencias públicas y sistemas de monitoreo de fauna marina y pesca.

La técnica utilizada implica el envío de ondas acústicas desde buques especializados para trazar mapas del subsuelo oceánico. Estos datos permiten identificar formaciones geológicas donde podrían existir reservorios de hidrocarburos. En caso de resultados prometedores, se procedería a una perforación exploratoria en busca de petróleo o gas.

El interés internacional ha crecido tras los hallazgos petroleros realizados en la costa atlántica de Namibia, que comparte una geología similar con la plataforma continental uruguaya. Pese a los más de 50 años de intentos de encontrar petróleo en el país —incluidos pozos terrestres en Paysandú y Salto—, hasta el momento no se ha identificado un yacimiento comercialmente explotable.

No obstante, el proceso ha generado preocupaciones en sectores ambientales y productivos. Durante las audiencias públicas, representantes de comunidades pesqueras y organizaciones ecologistas manifestaron su rechazo al proyecto, advirtiendo sobre los posibles efectos negativos sobre la biodiversidad marina y la actividad pesquera, con pérdidas estimadas de hasta un 40% en algunas zonas.

Desde el gobierno se aseguró que se aplicarán medidas estrictas de mitigación, incluyendo monitoreos ambientales continuos, coordinación con los pescadores, protocolos para evitar afectaciones a especies protegidas y mecanismos de control independiente.

En caso de encontrarse petróleo en cantidades comercializables, el Estado uruguayo —a través de ANCAP— accedería a una porción del crudo producido, además de recaudar tributos sobre las ganancias. Los contratos firmados garantizan que la propiedad de los recursos naturales permanecerá en manos del país, según lo establece el Código de Minería vigente.

La exploración petrolera offshore representa una apuesta estratégica para diversificar la matriz energética y generar ingresos futuros, aunque su viabilidad aún depende de los resultados de las campañas técnicas y del equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad y soberanía ambiental.

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