A 23 años de la ley 17.515, que reguló el trabajo sexual en Uruguay durante el gobierno de Jorge Batlle, el Parlamento se prepara para una reforma profunda que busca actualizar la normativa y cambiar su enfoque. Hay consenso político para trasladar el registro del Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, eliminar el “carné sanitario” obligatorio y regular la actividad en internet, entre otros puntos.
De la vigilancia al enfoque de derechos
El cambio de paradigma apunta a pasar de un modelo de control policial y sanitario a uno basado en derechos humanos y protección laboral.
“Se busca cambiar la visión de la trabajadora sexual como un posible vector de enfermedades”, explicó la diputada frenteamplista Sylvia Ibarguren, al señalar que la legislación actual prioriza el control sanitario por encima del bienestar integral de las trabajadoras.
El proyecto propone reconocer el trabajo sexual como una actividad legítima, voluntaria y ejercida por adultos, garantizando el acceso a derechos laborales y de seguridad social, sin persecución ni estigmatización.
La voz de las trabajadoras
Entre quienes impulsan los cambios está Claudia Gutiérrez, referente histórica del sector, ex presidenta del sindicato Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales) e integrante de la Comunidad de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual en Uruguay.
“Lo que nos importa es que la ley salga con lo que nosotras necesitamos, no con lo que ellos quieren”, afirmó, en referencia a los legisladores.
Gutiérrez, que ejerce su trabajo en la calle desde hace tres décadas, describe un panorama marcado por la inseguridad y la precariedad. “Estás expuesta todo el tiempo. Hay compañeras que quedaron casi muertas por palizas, otras que se quitaron la vida”, señaló.
Las trabajadoras reclaman además una categoría específica en el BPS, que les permita acceder a aportes y cobertura social sin depender de intermediarios o dueños de locales.
Números, brechas y nuevas formas de explotación
Según datos del Ministerio del Interior, hay 14.099 personas registradas como trabajadoras sexuales en todo el país, aunque las organizaciones sostienen que el número real podría duplicar esa cifra.
Los ingresos son muy dispares: en la calle los servicios se pagan entre $500 y $1.500, mientras que en apartamentos o servicios de escorts pueden alcanzar los $7.000 por hora, dependiendo del tipo de servicio y la edad de la trabajadora.
Sin embargo, las denuncias de proxenetismo, explotación y abusos persisten. En el interior, algunas whiskerías habilitadas funcionan en condiciones precarias, mientras que en el entorno digital emergen nuevas formas de explotación a través de páginas y redes sociales sin regulación.
“Los apartamentos son complicados, muchas veces hay tramas de explotación o cobros abusivos. En internet pasa lo mismo, y sin ningún control”, advirtió Gutiérrez.
Consenso político y desafío social
Tanto el Frente Amplio como representantes de la coalición de gobierno coinciden en que la reforma es necesaria, aunque el debate promete ser extenso.
El objetivo es claro: actualizar una ley pionera pero envejecida, adaptándola a los tiempos actuales y reconociendo el trabajo sexual desde una perspectiva de derechos, sin desconocer los riesgos ni las realidades que enfrentan quienes lo ejercen.
En un país que fue pionero en regular la actividad, el nuevo desafío será pasar de la tolerancia al respeto pleno, en un oficio que, aunque se define como “el más antiguo del mundo”, sigue buscando ser reconocido como trabajo en toda su dimensión humana y social.