Uruguay se posicionó como la democracia más sólida de América Latina al alcanzar una puntuación de 73 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por la organización Transparencia Internacional. El informe fue publicado este martes y ubica al país entre los mejor evaluados del continente en materia de transparencia y control de la corrupción.
De acuerdo al relevamiento, Uruguay comparte los primeros lugares de la región junto a Canadá, que obtuvo 75 puntos, y Barbados, con 68, consolidándose como uno de los Estados menos afectados por la corrupción en el continente americano. No obstante, la organización advierte que incluso los países con mejores resultados no están exentos de los efectos del crimen organizado, señalando que Uruguay también sufre formas de violencia alimentadas por prácticas corruptas.
La consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, Luciana Torchiano, sostuvo que la inacción gubernamental prolongada en buena parte del continente ha facilitado el avance de redes criminales que debilitan las instituciones democráticas. En ese contexto, el informe señala que, si bien el desempeño uruguayo es positivo en términos comparativos, se observan “retrocesos preocupantes” y un crecimiento limitado en los indicadores de transparencia, una tendencia que también se replica en otras democracias consolidadas.
En comparación con el informe anterior, Uruguay registró una caída de tres puntos, pasando de 76 a 73, lo que implicó descender del puesto 13 al 17 en el ranking mundial. Pese a este retroceso, el país se mantiene por encima del umbral de los 70 puntos, una barrera que no ha descendido desde el año 2012.
El contraste regional es marcado, ya que países vecinos como Brasil, con 35 puntos, y Argentina, con 36, continúan mostrando serias dificultades institucionales vinculadas a la corrupción y la debilidad de los controles estatales.
Las advertencias sobre el impacto del crimen organizado también estuvieron presentes en la última cumbre del Mercosur, celebrada en diciembre en Foz de Iguazú, Brasil. Allí, los presidentes del bloque acordaron la creación de la Comisión de la Estrategia del Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional, con el objetivo de coordinar respuestas conjuntas frente a una amenaza que trasciende las fronteras nacionales.
En el plano interno, un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, difundido en diciembre, advirtió que Uruguay se encuentra “asediado por el crimen organizado” y puso el foco en la crisis del sistema penitenciario. El análisis recordó que el país presenta una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 475 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes.
Ante este escenario, Transparencia Internacional recomienda a los gobiernos de la región priorizar la lucha anticorrupción, reforzando la independencia del poder judicial y protegiendo el espacio cívico, como herramientas clave para evitar que el dinero ilícito y las redes criminales penetren en las estructuras del Estado.