Montevideo, 16 de julio de 2025 – Uruguay se colocó esta semana en el centro de la agenda latinoamericana sobre gobernanza digital con el lanzamiento de un diálogo multiactor que apunta a definir un marco regulatorio para las grandes plataformas sociales. La iniciativa, respaldada por UNESCO y promovida por los colectivos Datysoc y OBSERVACOM, parte de la premisa de que la normativa local vigente —basada en la Ley de Relaciones de Consumo de 2000— ya no protege adecuadamente los derechos de los usuarios ni responde a los nuevos desafíos del entorno en línea.
En el plano internacional, la discusión avanza a ritmos dispares: la Unión Europea ya aplica la dupla Ley de Mercados Digitales (DMA) y Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las plataformas con más de 45 millones de usuarios a evaluar riesgos sistémicos, transparentar algoritmos y habilitar opciones de despersonalización de contenidos. El primer caso emblemático fue la investigación abierta contra X (ex-Twitter) en 2023 por su política de moderación.
En la región aún no existe una legislación específica. Brasil se encuentra inmerso en un debate parlamentario sobre un nuevo marco que supere los límites del actual Marco Civil de Internet, criticado por exigir orden judicial para bajar contenidos y por su demora frente a la desinformación electoral. El proceso uruguayo se nutre de estas experiencias para diseñar una regulación propia y evitar fallos de origen.
El puntapié inicial se dio con un seminario híbrido que reunió a la exsenadora Silvia Nane, el abogado Matías Jackson, el director de Búsqueda Andrés Danza, expertos como Bárbara Muracciole y Fabián Werner, así como al director ejecutivo de Agesic, Daniel Mordecki, y a la consultora Evelyn Heidel. Los diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional), Matías Duque (Partido Colorado) y la propia Nane coincidieron en que regular “es inevitable”, aunque reconocieron la complejidad técnica y política del camino a seguir.
OBSERVACOM presentó una hoja de ruta centrada en tres principios:
Protección de los derechos de los usuarios (acceso a la justicia y libertad de expresión).
Transparencia de algoritmos y procesos de moderación.
Participación ciudadana real en el diseño y seguimiento de las normas, evitando que la discusión quede limitada a tecnócratas o lobbies corporativos.
Lejos de redactar un proyecto de ley inmediato, los organizadores apuestan a un proceso escalonado de diagnósticos, debates públicos y consensos parlamentarios que permita equilibrar la defensa de derechos, la prevención de abusos y la sustentabilidad de los medios periodísticos que dependen del ecosistema digital.
En los próximos meses se publicará un documento de síntesis con las conclusiones del seminario y se abrirán mesas técnicas sectoriales. El objetivo final: proponer al Parlamento, hacia 2026, un marco regulatorio que convierta a Uruguay en referencia regional en materia de gobernanza de plataformas digitales, sin sacrificar la libertad de expresión ni la innovación.