Proponen la incorporación de la “bancarrota” para las personas físicas. A diciembre de 2023 habían 801.764 deudores con más de 90 días de atraso.
El mercado de crédito al consumo en Uruguay es “profundamente asimétrico”, destacaron. Por un lado, hay una alta concentración por el lado de la oferta, viéndose una dispersión en los precios (tasas de interés activas), mientras que por el lado de la demanda, los consumidores no cuentan con posibilidad de negociación, teniendo desventajas respectivas al acceso de información y al conocimiento de “reglas financieras”.
Respecto a la cartera de créditos a fin de 2023, señalaron que el 93,4% del total está administrada por 10 empresas, mientras que estas mismas acumulan el 83,2% de la cartera de créditos en cesación de pagos.
Según la presentación de las economistas, a diciembre de 2023, 801.764 personas tienen más de 90 días de atraso, lo cual la situación de este segmento del mercado es “dramática”, pero no parecería poner en riesgo la estabilidad financiera.
De ellas, 191.280 están en situación de vulnerabilidad, al considerarse como personas vulnerables a aquellas elegibles para tener Asignaciones Familiares (AFAM) o la Tarjeta Uruguay Social (TUS) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
A su vez, del total de personas en default, el 7.4% tiene deudas solo en bancos, mientras que el 54% las tiene solo en administradoras de crédito.
En tanto, la suma de las deudas de los deudores en default representa un 13.8% de la cartera total de créditos al consumo del sistema financiero. Mientras que para los bancos es un 7,4%, para las administradoras de crédito es 32.2%.
Del mismo modo, dijeron que las deudas de bajo importe “suponen un problema particular”, ya que las empresas no tienen incentivos a gestionar el cobro cuando se producen atrasos. Por ejemplo, eran 122.330 personas, a fin del año pasado, con una deuda vigente menor a $ 8.000.
Entre enero de 2014 y fin de 2023, según señalaron, alrededor del 70% de los deudores vulnerables tienen deudas con estas instituciones financieras.
En este sentido, destacaron el rol importante que juega el límite a la usura, ya que desde 2007 las tasas de interés de usura han sido determinadas por las propias empresas, lo que implica un porcentaje mayor al de las tasas de interés activa del mercado.
Desde ese año, señalaron que se ha mantenido una inflación y un costo del dinero para el sistema financiero relativamente estable, mientras que las tasas de interés en préstamos al consumo se han visto al alza.
Junto a este análisis, las académicas presentaron una serie de recomendaciones de políticas, para enfrentar el problema del endeudamiento.
Dentro de las recomendaciones, además de la educación financiera para los consumidores, se encontró el derecho de acceso a la información por parte de los consumidores, en donde sugirieron una herramienta de comparación de tasas de interés por entidad financiera.
A su vez, recomendaron asegurar el derecho a ser informado antes de reportar al Clearing de Informes o el pasaje a la categoría de deudor irrecuperable en el BCU.
Del mismo modo, se preguntaron si sería posible o conveniente la exclusión de los préstamos de pequeño importe del reporte “por individuo” al BCU.
Otra de las recomendaciones fue la revisión de los mecanismo de determinación de las tasas máximas, en donde propusieron anclarlas a los valores de tasas activas promedio del período 2007-2009.
También sugirieron la incorporación de la figura de “bancarrota” de las personas físicas, así como soluciones para las personas en situación de vulnerabilidad, en particular población elegible para AFAM y TUS, que integren herramientas que permitan enfrentar gastos extraordinarios sin recurrir al endeudamiento a alto costo.
Otra herramienta propuesta fue la creación de una mesa de trabajo entre el BCU y los bancos y administradoras de crédito, para buscar solución a las personas vulnerables en situación de default.