El parlamento de venezuela aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía general, que fue promulgada de inmediato por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de facilitar la liberación de centenares de presos políticos y promover la reconciliación nacional.
La mandataria interina firmó el documento en el palacio presidencial de miraflores, en caracas, minutos después de su aprobación parlamentaria, y calificó la medida como “un acto de grandeza”. Durante el acto, Rodríguez sostuvo que el país necesita avanzar hacia una nueva etapa de convivencia democrática. “Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, afirmó.
La normativa, impulsada por la propia presidenta encargada, busca que “venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente”, según expresó la jerarca tras su promulgación.
Liberaciones en curso y revisión de otros casos
De acuerdo con la organización foro penal, desde el 8 de enero ya han sido liberados 448 opositores bajo régimen de libertad condicional, en el marco de un proceso gradual que ahora podría ampliarse con la nueva ley.
Sin embargo, la organización estima que todavía permanecen detenidas 644 personas por motivos políticos, cuyos casos podrían ser revisados próximamente. Rodríguez solicitó que también se analicen situaciones no contempladas inicialmente en el texto, con el objetivo de “curar heridas” y fortalecer la convivencia institucional.
La ley abarca episodios clave del chavismo
El texto aprobado contempla 13 momentos considerados determinantes durante los 27 años de gobierno chavista, incluyendo el intento de golpe de estado contra el expresidente Hugo Chávez en 2002, la huelga petrolera de ese mismo año y las protestas tras la cuestionada reelección presidencial de 2024.
Según la presidenta encargada, esta iniciativa representa el inicio de una nueva etapa política. “Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en venezuela”, afirmó.
Exclusiones para quienes promovieron acciones armadas
La ley establece explícitamente que quedarán excluidas de la amnistía las personas que hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra el país.
El texto señala que no podrán acceder al beneficio quienes hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, facilitado, financiado o participado en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de venezuela, incluyendo acciones vinculadas a estados, corporaciones o actores extranjeros.
En este contexto, dirigentes opositores como María Corina Machado y Leopoldo López han sido señalados por el chavismo de haber solicitado intervenciones externas contra el país.
Contexto político tras el cambio de gobierno interino
La ley fue impulsada tras la asunción interina de Delcy Rodríguez, quien tomó funciones luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en un contexto de fuerte crisis política.
La aprobación de esta amnistía marca un punto de inflexión en el escenario político venezolano y abre un proceso orientado a la liberación de presos políticos, aunque mantiene restricciones para casos vinculados a acciones armadas o consideradas amenazas a la soberanía nacional.