El gobierno de Nayib Bukele pondrá en marcha el próximo 26 de abril una controvertida reforma constitucional que permitirá aplicar la cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años, en casos de delitos graves como homicidio, violación o feminidio. La modificación fue aprobada en marzo por la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría. La iniciativa forma parte de una política de endurecimiento de penas impulsada por el Ejecutivo en el marco de su estrategia de seguridad. Cambios en el régimen penal juvenil La reforma establece la “inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” para delitos de extrema gravedad, lo que habilita a que los adolescentes sean juzgados bajo criterios similares a los de adultos en estos casos. No obstante, se contemplan revisiones periódicas de las condenas, con el objetivo de evaluar el nivel de rehabilitación del recluso y la posibilidad de acceder a un régimen de libertad controlado. El nuevo texto constitucional señala que la pena perpetua se aplicará a responsables de homicidios, violaciones y terrorismo, en una redacción que modifica el artículo 27 de la Constitución salvadoreña. Críticas de organismos internacionales La decisión ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organismos internacionales. El Comité de los Derechos del Niño y el UNICEF manifestaron su “profunda preocupación” por la medida. Ambas entidades remarcaron que los menores en conflicto con la ley deben recibir un tratamiento orientado a su rehabilitación e inserción social, y que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso. Contexto de endurecimiento de la seguridad La reforma se inscribe en la política de “guerra contra las pandillas” impulsada por el gobierno salvadoreño, respaldada por un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años. Este mecanismo ha permitido la detención de más de 91.000 personas acusadas de integrar estructuras criminales. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la iniciativa al afirmar que forma parte de una “guerra sin cuartel contra los terroristas”, y justificó la necesidad de aplicar sanciones más severas a quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad. En paralelo, Villatoro cuestionó duramente a organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de obstaculizar las políticas de seguridad del gobierno. debate abierto La entrada en vigencia de esta reforma abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad y derechos humanos en El Salvador. Mientras el gobierno destaca los resultados en la reducción de homicidios, organizaciones internacionales advierten sobre el impacto de estas medidas en las garantías fundamentales, especialmente en el caso de menores de edad.
El Salvador: entra en vigencia reforma que habilita cadena perpetua para menores desde los 12 años El gobierno de Nayib Bukele pondrá en marcha el próximo 26 de abril una controvertida reforma constitucional que permitirá aplicar la cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años, en casos de delitos graves como homicidio, violación o femicidio. La modificación fue aprobada en marzo por la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría. La iniciativa forma parte de una política de endurecimiento de penas impulsada por el Ejecutivo en el marco de su estrategia de seguridad. Cambios en el régimen penal juvenil La reforma establece la “inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” para delitos de extrema gravedad, lo que habilita a que adolescentes sean juzgados bajo criterios similares a los de adultos en estos casos. No obstante, se contemplan revisiones periódicas de las condenas, con el objetivo de evaluar el nivel de rehabilitación del recluso y la posibilidad de acceder a un régimen de libertad controlada. El nuevo texto constitucional señala que la pena perpetua se aplicará a responsables de homicidios, violaciones y terrorismo, en una redacción que modifica el artículo 27 de la Constitución salvadoreña. Críticas de organismos internacionales La decisión ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organismos internacionales. El Comité de los Derechos del Niño y el UNICEF manifestaron su “profunda preocupación” por la medida. Ambas entidades remarcaron que los menores en conflicto con la ley deben recibir un tratamiento orientado a su rehabilitación e inserción social, y que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso. Contexto de endurecimiento de la seguridad La reforma se inscribe en la política de “guerra contra las pandillas” impulsada por el gobierno salvadoreño, respaldada por un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años. Este mecanismo ha permitido la detención de más de 91.000 personas acusadas de integrar estructuras criminales. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la iniciativa al afirmar que forma parte de una “guerra sin cuartel contra los terroristas”, y justificó la necesidad de aplicar sanciones más severas a quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad. En paralelo, Villatoro cuestionó duramente a organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de obstaculizar las políticas de seguridad del gobierno. Debate abierto La entrada en vigencia de esta reforma abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad y derechos humanos en El Salvador. Mientras el gobierno destaca los resultados en la reducción de homicidios, organizaciones internacionales advierten sobre el impacto de estas medidas en las garantías fundamentales, especialmente en el caso de menores de edad.
