La Federación Rural presentó ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) un conjunto de propuestas orientadas a reducir el precio de los combustibles, con especial énfasis en el gasoil, ya corregir lo que considera distorsiones que afectan la competitividad del sector productivo. El documento incluye medidas regulatorias, cambios en la organización del mercado y planteos sobre el rol de Ancap, así como un fortalecimiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). En este sentido, la gremial sostiene que la independencia del regulador ha sido “sucesivamente recortada” y propone garantizar la estabilidad de sus autoridades, además de otorgarle potestades efectivas para fijar precios máximos y publicar escenarios alternativos. Uno de los puntos centrales del planteo es la aplicación de la regulación de distribución primaria en el mercado de combustibles, diseñada por la Ursea y detenida en 2024. Según la Federación Rural, su implementación permitiría reducir en torno a un 40% los costos de distribución, lo que se traduciría en una baja aproximada de $ 4 por litro. La gremial considera que esta es la medida de mayor impacto inmediato sobre el precio al consumidor. En paralelo, propone eliminar los subsidios cruzados dentro de Ancap y hacerlos explícitos en el presupuesto nacional. El documento plantea identificar y cuantificar los apoyos al pórtland, el Fideicomiso del Transporte, el bioetanol y el supergás, entre otros. «Solo el Parlamento puede aprobar impuestos y subsidios. Ancap no debería actuar como agencia de política social o industrial encubierta», señala el informe. Respecto a la empresa estatal, la Federación Rural sugiere una reestructuración profunda, enfocando su actividad en la importación, refinación y distribución mayorista de combustibles. En ese marco, plantea que áreas no energéticas, como el puerto o el bioetanol, deberían cerrarse o transferirse al sector privado. Actualmente, el precio del gasoil en Uruguay se ubica en $ 50,63 por litro. Según las estimaciones de la gremial, si se eliminan aportes como el destinado al Fideicomiso del Transporte (unos $ 3 por litro), el subsidio al supergás y se aplican las reformas propuestas, el valor podría reducirse en aproximadamente $ 8,20 por litro. El paquete de medidas también incluye la evaluación de habilitar la libre importación de combustibles para fomentar la competencia, la profesionalización de la gestión en empresas públicas, la revisión de la política de mezcla obligatoria de biocombustibles y la eliminación de restricciones para la apertura de nuevas estaciones de servicio. Con estas propuestas, la Federación Rural busca incidir en la política energética del país y generar condiciones que, según argumenta, mejoren la competitividad del sector agropecuario y de la economía en general.
La Federación Rural presentó ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) un conjunto de propuestas orientadas a reducir el precio de los combustibles, con especial énfasis en el gasoil, y a corregir lo que considera distorsiones que afectan la competitividad del sector productivo. El documento incluye medidas regulatorias, cambios en la organización del mercado y planteos sobre el rol de Ancap, así como un fortalecimiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). En este sentido, la gremial sostiene que la independencia del regulador ha sido “sucesivamente recortada” y propone garantizar la estabilidad de sus autoridades, además de otorgarle potestades efectivas para fijar precios máximos y publicar escenarios alternativos. Uno de los puntos centrales del planteo es la aplicación de la regulación de distribución primaria en el mercado de combustibles, diseñada por la Ursea y detenida en 2024. Según la Federación Rural, su implementación permitiría reducir en torno a un 40% los costos de distribución, lo que se traduciría en una baja aproximada de $ 4 por litro. La gremial considera que esta es la medida de mayor impacto inmediato sobre el precio al consumidor. En paralelo, propone eliminar los subsidios cruzados dentro de Ancap y hacerlos explícitos en el presupuesto nacional. El documento plantea identificar y cuantificar los apoyos al pórtland, el Fideicomiso del Transporte, el bioetanol y el supergás, entre otros. “Solo el Parlamento puede aprobar impuestos y subsidios. Ancap no debería actuar como agencia de política social o industrial encubierta”, señala el informe. Respecto a la empresa estatal, la Federación Rural sugiere una reestructura profunda, enfocando su actividad en la importación, refinación y distribución mayorista de combustibles. En ese marco, plantea que áreas no energéticas, como el pórtland o el bioetanol, deberían cerrarse o transferirse al sector privado. Actualmente, el precio del gasoil en Uruguay se ubica en $ 50,63 por litro. Según las estimaciones de la gremial, si se eliminan aportes como el destinado al Fideicomiso del Transporte (unos $ 3 por litro), el subsidio al supergás y se aplican las reformas propuestas, el valor podría reducirse en aproximadamente $ 8,20 por litro. El paquete de medidas también incluye la evaluación de habilitar la libre importación de combustibles para fomentar la competencia, la profesionalización de la gestión en empresas públicas, la revisión de la política de mezcla obligatoria de biocombustibles y la eliminación de restricciones para la apertura de nuevas estaciones de servicio. Con estas propuestas, la Federación Rural busca incidir en la política energética del país y generar condiciones que, según argumenta, mejoren la competitividad del sector agropecuario y de la economía en general.
