La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a tratar el próximo 6 de mayo un proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio que apunta a proteger a los deudores de bajos recursos mediante la limitación de tasas de interés, la reestructuración de pasivos y la regulación de prácticas de cobro.
La iniciativa, que consta de 40 artículos, será analizada inicialmente con la comparecencia de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, y posteriormente incluirá a representantes del Banco Central del Uruguay, el Banco República, bancos privados y empresas administradoras de crédito.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la redefinición del concepto de usura. El texto propone que un crédito sea considerado usurario cuando la tasa de interés supere en más de 35% la tasa media publicada por el BCU, reduciendo el margen actual, que es del 55%. Además, se introducen criterios específicos para ciertos tipos de crédito, como los destinados a familias o aquellos con retención directa sobre ingresos.
La diputada Julieta Sierra, impulsora de la iniciativa, señaló que el objetivo es corregir distorsiones en el sistema: “Muchas veces la gente termina pagando mucho más de lo que podría porque no hay control sobre la usura”. Desde el oficialismo se ha manifestado disposición a avanzar, aunque con eventuales ajustes durante el debate parlamentario.
Sin embargo, desde la oposición surgieron reparos. El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, advirtió que una reducción excesiva en las tasas podría generar una restricción del crédito, especialmente en los sectores que más dependen del financiamiento para el consumo.
Datos del Banco Central del Uruguay citados en el proyecto indican que alrededor de 700.000 personas presentan dificultades de pago en el sistema financiero, de las cuales unas 650.000 están catalogadas como deudores irrecuperables. La problemática afecta en mayor medida a mujeres, personas de menores ingresos y jóvenes menores de 30 años, donde más de 100.000 se encuentran en situación crítica.
En ese contexto, el proyecto propone la creación de un mecanismo específico de reestructuración de deudas para personas físicas. El proceso comenzaría con una instancia obligatoria de conciliación ante la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF, donde deudores y acreedores deberán intentar להגיע a un acuerdo en un plazo inicial de 10 días hábiles.
Si no hay consenso, el caso podrá pasar a la órbita judicial, donde el deudor podrá presentar un plan de pagos. En ausencia de acuerdo entre las partes, el juez tendrá la potestad de imponer una reestructuración obligatoria, ajustada a la capacidad de pago del solicitante. En ese marco, las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor, y se habilitan medidas como la extensión de plazos, reducción de intereses o quitas parciales de la deuda.
El acceso a este régimen estará limitado a personas con deudas de consumo sin garantía real y con ingresos anuales líquidos de hasta 150.000 unidades indexadas (unos $978.330 anuales). También se establecen restricciones patrimoniales: no poseer inmuebles, o contar con una única vivienda dentro de determinados valores, y no superar ciertos niveles de bienes muebles.
Por otra parte, la iniciativa incluye un capítulo destinado a regular las prácticas de cobranza, prohibiendo conductas consideradas abusivas como amenazas, información engañosa, simulación de documentos oficiales o contactos reiterados en horarios inapropiados.
Finalmente, el proyecto refuerza la transparencia del sistema financiero al exigir que todas las ofertas de crédito informen de forma clara la tasa de interés efectiva anual, el monto total a pagar y las penalidades por incumplimiento, además de fortalecer el rol de la Unidad de Defensa del Consumidor.
El debate parlamentario que se iniciará en mayo marcará el rumbo de una propuesta que busca atender una problemática creciente en el sistema financiero uruguayo, en un contexto de alto endeudamiento en los hogares.