La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay expresó en el Senado su preocupación por la situación actual de la Fiscalía y advirtió que los fiscales trabajan “al borde de las posibilidades reales del sistema”, en medio de carencias presupuestales, incremento de amenazas y crecimiento de fenómenos vinculados a la “justicia por mano propia”.
Las declaraciones fueron realizadas durante la discusión parlamentaria sobre posibles modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP), instancia en la que representantes del gremio reclamaron más recursos y pidieron que cualquier reforma contemple la realidad actual de la criminalidad en Uruguay.
La presidenta de la asociación, María Claudia González, sostuvo que las restricciones presupuestales afectan directamente la capacidad de respuesta del sistema judicial y generan riesgos de impunidad debido al volumen de causas existentes.
“Los fiscales estamos trabajando al límite de nuestras capacidades humanas y materiales, muchas veces a costa de nuestra salud física y mental”, afirmó.
Además, señaló que algunos fiscales deben desempeñar funciones bajo custodia policial debido a amenazas recibidas, como ocurre con la prosecretaria y fiscal Mirta Morales.
Durante su intervención, Morales alertó sobre el aumento de situaciones de “justicia por mano propia” y aseguró que se trata de un fenómeno preocupante para el funcionamiento democrático del país.
“No hay nada peor para un Estado republicano que perder la confianza en las instituciones y no poder dar respuestas”, expresó ante la comisión parlamentaria.
El fiscal también remarcó que la criminalidad en Uruguay ha cambiado significativamente en los últimos años, con la aparición de organizaciones criminales más complejas y estructuradas, lo que exige mayores capacidades de investigación por parte del Estado.
En ese sentido, cuestionó proyectos que buscan reducir los plazos de investigación penal y sostuvo que muchos casos requieren largos períodos de trabajo para poder desarticular redes criminales.
Como ejemplo, mencionó una investigación por tentativa de homicidio vinculada a una organización criminal que operaba entre Montevideo y Canelones, utilizando vehículos, viviendas y múltiples colaboradores para ejecutar y encubrir el delito.
“Nos llevó aproximadamente un año y creemos que fue rápido”, indicó Morales, destacando el trabajo policial realizado en el caso.
Asimismo, el representante fiscal señaló importantes carencias operativas dentro de la Fiscalía, como la falta de escribanos y especialistas que colaboran en investigaciones patrimoniales vinculadas a vehículos, inmuebles y movimientos financieros.
Según sostuvo, cualquier reforma procesal debe contemplar el tipo de criminalidad actual para evitar un eventual fracaso del sistema.
Por otra parte, González manifestó preocupación por la seguridad de los fiscales y aseguró que “no cambió nada” luego del ataque sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
«Estamos exactamente iguales. Quizás ahora somos más vulnerables, porque si una fiscal de Corte con custodia policial sufrió un ataque, imagínese quienes vamos y venimos a trabajar en ómnibus y caminamos hasta nuestras casas», afirmó.
El debate sobre la reforma del Código del Proceso Penal continúa en el Parlamento, mientras distintos actores del sistema judicial advierten sobre la necesidad de fortalecer recursos humanos, materiales y de seguridad para enfrentar el aumento de la complejidad del delito en Uruguay.
