Uruguay registró durante 2025 la cifra más alta de interrupciones voluntarias del embarazo desde la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2012. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el año pasado se contabilizaron 11.445 abortos legales ratificados, superando los registros de años anteriores máximos y marcando un nuevo histórico.
De acuerdo con la información oficial, la cifra representa un aumento de aproximadamente 200 procedimientos respecto a 2024, cuando se habían registrado 11.232 interrupciones. Desde 2013, primer año completo de aplicación de la normativa, hasta el cierre de 2025, se realizó un total de 129.308 abortos legales en el país.
Las estadísticas muestran que la mayor concentración de procedimientos continúa dándose entre mujeres jóvenes. Durante 2025, el grupo de entre 20 y 24 años registró 3.172 interrupciones de embarazo, seguido por las mujeres de entre 25 y 29 años, con 3.026 casos, y las de 30 a 34 años, con 2.159.
Entre las menores de edad, se reportaron 57 abortos en niñas menores de 15 años y 488 en adolescentes de entre 15 y 17 años. En tanto, las mujeres de 18 y 19 años sumaron 748 procedimientos.
En cuanto al sistema de atención, el 54% de los abortos se realizaron en instituciones privadas de salud, mientras que el 46% restante correspondió a prestadores públicos, manteniéndose una tendencia observada durante gran parte de la última década.
Por otra parte, el Sistema Único de Denuncias y Reclamos registró 33 trámites vinculados a la aplicación de la ley entre enero de 2025 y junio de 2026. Además, se identificaron expedientes relacionados con rechazo de aplicación de la normativa y denuncias por presunta mala praxis.
Desde organizaciones que trabajan en salud sexual y reproductiva señalan que el aumento registrado en los últimos años ha sido moderado y no representa una situación de saturación de los servicios. Asimismo, sostienen que la evolución de los abortos legales no guarda una relación directa con la disminución de la natalidad, fenómeno que atribuyen a factores sociales, económicos y culturales más amplios.
A más de una década de la aprobación de la ley, la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo un tema de debate público en Uruguay, mientras las cifras muestran una demanda sostenida de este servicio dentro del sistema de salud.
