La controversia generada por la reducción de la sanción administrativa aplicada a la anestesista Inés Miralles sumó este martes un nuevo capítulo político, luego de que legisladores del Partido Nacional reclamaron la destitución de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. La jerarca compareció ante el Parlamento para explicar la decisión adoptada en octubre de 2025, cuando la inhabilitación profesional impuesta a Miralles fue reducida de cinco a tres años. La médica había sido condenada previamente por la Justicia por homicidio culposo, tras la muerte de la paciente Soledad Barrera durante una intervención quirúrgica. Durante su exposición, Lustemberg defendió la actuación de la cartera y presentó un informe de doce páginas con los argumentos que respaldaron la resolución. Sin embargo, sus explicaciones no se conformaron a la oposición, que cuestionan tanto la reducción de la sanción como la gestión posterior del caso. El diputado nacionalista José Luis Satdjian solicitó que los antecedentes de la comparacencia ministerial sean remitidos al presidente de la República, Yamandú Orsi, para medidas que evalúe eventuales. El legislador sostuvo que hubo omisión de información ante el Parlamento y afirmó que, de confirmarse responsabilidades, “no queda otro camino que la destitución de la ministra”. Uno de los aspectos más cuestionados se refiere a que el Ministerio de Salud Pública dejó vencer el plazo para contestar una demanda presentada por Miralles, quien busca revocar completamente la sanción administrativa. Según reconocieron autoridades ministeriales, se trató de un “error humano” dentro del área jurídica de la cartera. La subdirectora jurídica del MSP, Fabiana Alonso, informó ante el Senado que existen al menos dos investigaciones administrativas en curso para determinar las responsabilidades por la omisión procesal. La jerarca explicó que la división jurídica enfrenta una elevada carga de trabajo y que durante el período en cuestión debía atender más de 230 demandas. Desde la oposición también se cuestionó que esta situación no había sido informada en comparaciones parlamentarias anteriores. El senador nacionalista Martín Lema afirmó que la actuación de las autoridades sanitarias afecta la institucionalidad y genera una pérdida de confianza en los mecanismos de control del sistema de salud. La polémica se produce además en un contexto de fuerte repercusión pública, luego de la renuncia de una vez de los tres integrantes de la Comisión de Salud Pública que originalmente había recomendado una inhabilitación de cinco años para la profesional.
Partido Nacional reclama la destitución de la ministra Lustemberg por polémica reducción de sanción a anestesista La controversia generada por la reducción de la sanción administrativa aplicada a la anestesista Inés Miralles sumó este martes un nuevo capítulo político, luego de que legisladores del Partido Nacional reclamaran la destitución de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. La jerarca compareció ante el Parlamento para explicar la decisión adoptada en octubre de 2025, cuando la inhabilitación profesional impuesta a Miralles fue reducida de cinco a tres años. La médica había sido condenada previamente por la Justicia por homicidio culposo, tras la muerte de la paciente Soledad Barrera durante una intervención quirúrgica. Durante su exposición, Lustemberg defendió la actuación de la cartera y presentó un informe de doce páginas con los argumentos que respaldaron la resolución. Sin embargo, sus explicaciones no conformaron a la oposición, que cuestiona tanto la reducción de la sanción como la gestión posterior del caso. El diputado nacionalista José Luis Satdjian solicitó que los antecedentes de la comparecencia ministerial sean remitidos al presidente de la República, Yamandú Orsi, para que evalúe eventuales medidas. El legislador sostuvo que hubo omisión de información ante el Parlamento y afirmó que, de confirmarse responsabilidades, “no queda otro camino que la destitución de la ministra”. Uno de los aspectos más cuestionados refiere a que el Ministerio de Salud Pública dejó vencer el plazo para contestar una demanda presentada por Miralles, quien busca revocar completamente la sanción administrativa. Según reconocieron autoridades ministeriales, se trató de un “error humano” dentro del área jurídica de la cartera. La subdirectora jurídica del MSP, Fabiana Alonso, informó ante el Senado que existen al menos dos investigaciones administrativas en curso para determinar las responsabilidades por la omisión procesal. La jerarca explicó que la división jurídica enfrenta una elevada carga de trabajo y que durante el período en cuestión debió atender más de 230 demandas. Desde la oposición también se cuestionó que esta situación no hubiera sido informada en anteriores comparecencias parlamentarias. El senador nacionalista Martín Lema afirmó que la actuación de las autoridades sanitarias afecta la institucionalidad y genera una pérdida de confianza en los mecanismos de control del sistema de salud. La polémica se produce además en un contexto de fuerte repercusión pública, luego de la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión de Salud Pública que originalmente había recomendado una inhabilitación de cinco años para la profesional.
