El caso ocurrido en Las Piedras, donde tres adolescentes que residían en un centro del INAU salieron sin autorización y posteriormente fueron trasladadas en un vehículo cuyo conductor fue imputado por un siniestro fatal y suministro de drogas, volvió a encender la alarma pública sobre la protección de los jóvenes que se encuentran bajo cuidado del organismo.
Las adolescentes habían solicitado salir del centro durante la noche, pero la autorización fue rechazada. Sin embargo, finalmente abandonaron las instalaciones. Desde el INAU explicaron que sus centros funcionan bajo el régimen de “puertas abiertas” y que los funcionarios no tienen facultades para retener físicamente a los menores.
El episodio puso nuevamente en discusión la capacidad de respuesta institucional ante las denominadas “salidas no acordadas”, especialmente cuando existen antecedentes de consumo de sustancias, situaciones de vulnerabilidad o posibles riesgos de explotación sexual.
Desde el organismo se informó que una de las adolescentes, de 17 años, ya contaba con antecedentes de salidas no autorizadas y consumo de sustancias, por lo que su situación era considerada de alto riesgo. Actualmente recibe atención especializada y las autoridades investigan además la posible existencia de una situación de explotación sexual.
El INAU anunció que durante setiembre presentará un nuevo protocolo para abordar estas situaciones. La actualización incorporará más de 20 indicadores de riesgo y busca establecer respuestas diferenciadas según las características de cada caso, en coordinación con otros organismos, entre ellos el Ministerio del Interior.
Las autoridades del INAU sostuvieron que la intervención realizada en este episodio fue “ágil y adecuada”, aunque reconocieron que el caso obliga a revisar los procedimientos existentes.
La preocupación no es nueva. Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos había advertido sobre la frecuencia de las salidas no acordadas y sobre situaciones en las que los centros desconocían
Alarma por la protección de adolescentes del INAU: Sargento que llevaba alcohol y cocaína los levantó en la calle y les suministró drogas El caso ocurrido en Las Piedras, donde tres adolescentes que residían en un centro del INAU salieron sin autorización y posteriormente fueron trasladadas en un vehículo cuyo conductor fue imputado por un siniestro fatal y suministro de drogas, volvió a encender la alarma pública sobre la protección de los jóvenes que se encuentran bajo cuidado del organismo. Las adolescentes habían solicitado salir del centro durante la noche, pero la autorización fue rechazada. Sin embargo, finalmente abandonaron las instalaciones. Desde el INAU explicaron que sus centros funcionan bajo el régimen de “puertas abiertas” y que los funcionarios no tienen facultades para retener físicamente a los menores. El episodio puso nuevamente en discusión la capacidad de respuesta institucional ante las denominadas “salidas no acordadas”, especialmente cuando existen antecedentes de consumo de sustancias, situaciones de vulnerabilidad o posibles riesgos de explotación sexual. Desde el organismo se informó que una de las adolescentes, de 17 años, ya contaba con antecedentes de salidas no autorizadas y consumo de sustancias, por lo que su situación era considerada de alto riesgo. Actualmente recibe atención especializada y las autoridades investigan además la posible existencia de una situación de explotación sexual. El INAU anunció que durante setiembre presentará un nuevo protocolo para abordar estas situaciones. La actualización incorporará más de 20 indicadores de riesgo y busca establecer respuestas diferenciadas según las características de cada caso, en coordinación con otros organismos, entre ellos el Ministerio del Interior. Las autoridades del INAU sostuvieron que la intervención realizada en este episodio fue “ágil y adecuada”, aunque reconocieron que el caso obliga a revisar los procedimientos existentes. La preocupación no es nueva. Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos había advertido sobre la frecuencia de las salidas no acordadas y sobre situaciones en las que los centros desconocían durante períodos prolongados el paradero de adolescentes. El nuevo episodio vuelve así a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, seguimiento y protección de niños y adolescentes que se encuentran bajo responsabilidad del Estado, particularmente en aquellos casos considerados de mayor vulnerabilidad.
