El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) destinó $140 millones de pesos de recursos presupuestales sobrantes de 2025 a sus funcionarios, una decisión que generó fuertes cuestionamientos de legisladores de la oposición.
El vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, confirmó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que el INAU ejecutó el 98,9% del presupuesto destinado al rubro 0 y que dentro de ese monto estuvo incluido el reparto de los $140 millones.
Desde el Partido Colorado y el Partido Nacional cuestionaron que esos recursos no fueran destinados a otras necesidades del organismo, como programas vinculados a la infancia y la pobreza infantil. El senador Pedro Bordaberry señaló además que una cifra similar era requerida por la UTEC para financiar distintos programas.
Fuentes defendió la decisión en el sentido de que no se trata de una práctica exclusiva del actual directorio ni del INAU, y afirmó que situaciones similares se han producido en otros períodos de gobierno.
Los legisladores opositores, sin embargo, coincidieron en que, más allá de los antecedentes, se trata de una práctica que debería revisarse y que los recursos públicos disponibles deberían priorizar las necesidades sociales y los programas destinados a niños y adolescentes.
INAU repartió $140 millones entre funcionarios y la medida genera cuestionamientos políticos El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) destinó $140 millones de pesos de recursos presupuestales sobrantes de 2025 a sus funcionarios, una decisión que generó fuertes cuestionamientos de legisladores de la oposición. El vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, confirmó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que el INAU ejecutó el 98,9% del presupuesto destinado al rubro 0 y que dentro de ese monto estuvo incluido el reparto de los $140 millones. Desde el Partido Colorado y el Partido Nacional cuestionaron que esos recursos no fueran destinados a otras necesidades del organismo, como programas vinculados a la infancia y la pobreza infantil. El senador Pedro Bordaberry señaló además que una cifra similar era requerida por la UTEC para financiar distintos programas. Fuentes defendió la decisión en el sentido de que no se trata de una práctica exclusiva del actual directorio ni del INAU, y afirmó que situaciones similares se han producido en otros períodos de gobierno. Los legisladores opositores, sin embargo, coincidieron en que, más allá de los antecedentes, se trata de una práctica que debería revisarse y que los recursos públicos disponibles deberían priorizar las necesidades sociales y los programas destinados a niños y adolescentes.
