El Parlamento analiza un proyecto de ley que busca reestructurar las deudas de personas de bajos ingresos, iniciativa que actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que plantea cambios relevantes en las reglas del crédito y la protección de los deudores.
El proyecto, presentado por diputados de distintos sectores y cuya autoría corresponde al representante por Maldonado Joaquín Garlo, propone reducir el límite de interés considerado usura, pasando del 55% al 35% por encima de las tasas medias establecidas por el Banco Central del Uruguay. También plantea bajar de 80% a 60% el tope de los recargos por mora.
Otro de los cambios establece que determinados costos asociados a los créditos sean incluidos en el cálculo de las tasas, lo que podría beneficiar a los deudores y modificar la forma en que bancos y financieras diseñan sus productos.
La iniciativa también crea un mecanismo de reestructuración de deudas, inicialmente mediante una instancia administrativa y, si no se alcanza un acuerdo, a través de la Justicia. El proceso permitiría negociar quitas y mayores plazos de pago.
Advierten “incongruencias” en el proyecto de ley para reestructurar deudas de personas de bajos ingresos El Parlamento analiza un proyecto de ley que busca reestructurar las deudas de personas de bajos ingresos, iniciativa que actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que plantea cambios relevantes en las reglas del crédito y la protección de los deudores. El proyecto, presentado por diputados de distintos sectores y cuya autoría corresponde al representante por Maldonado Joaquín Garlo, propone reducir el límite de interés considerado usura, pasando del 55% al 35% por encima de las tasas medias establecidas por el Banco Central del Uruguay. También plantea bajar de 80% a 60% el tope de los recargos por mora. Otro de los cambios establece que determinados costos asociados a los créditos sean incluidos en el cálculo de las tasas, lo que podría beneficiar a los deudores y modificar la forma en que bancos y financieras diseñan sus productos. La iniciativa también crea un mecanismo de reestructuración de deudas, inicialmente mediante una instancia administrativa y, si no se alcanza un acuerdo, a través de la Justicia. El proceso permitiría negociar quitas y mayores plazos de pago. La definición de “bajos recursos” Uno de los puntos observados por especialistas es la definición de quiénes podrán acceder al mecanismo. El proyecto establece que se trata de personas que no tengan inmuebles o que posean una vivienda cuyo valor no supere las 700.000 Unidades Indexadas, aproximadamente US$ 115.000; bienes muebles superiores a unos US$ 12.000; y cuyos ingresos líquidos no superen los $80.000 mensuales. La abogada Giovanna Lorenzi, socia del departamento legal de KPMG Uruguay, advirtió sobre una posible “incongruencia” en estos parámetros, al compararlos con el salario mínimo nacional, que actualmente se ubica en $25.383 nominales. Según la especialista, el límite de ingresos establecido por el proyecto podría resultar elevado para una norma dirigida específicamente a personas consideradas de bajos recursos. Negociación con los acreedores El mecanismo previsto establece que el deudor deberá presentarse ante la Unidad de Defensa del Consumidor, que notificará al acreedor para que aporte información sobre el monto adeudado y los cálculos realizados. En esta instancia podrán negociarse reducciones de deuda o mayores plazos para el pago. Si el acreedor no proporciona la información requerida, el proyecto contempla multas que pueden ir de 50 a 500 Unidades Reajustables. Si no se alcanza un acuerdo, el deudor podrá recurrir a un Juzgado Letrado o de Paz para presentar una propuesta de pago o quita, que será evaluada judicialmente. Preocupación por el impacto en el crédito La iniciativa también genera debate entre distintos actores del sistema financiero. El Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Defensa del Consumidor, la Asociación de Bancos Privados y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras fueron convocados al Parlamento para expresar sus opiniones. Según Lorenzi, existe preocupación sobre el impacto que los cambios podrían tener en el funcionamiento del mercado y en la disponibilidad del crédito. Las empresas financieras podrían rediseñar sus productos y modificar sus mecanismos de comercialización ante las nuevas reglas. Desde el Ministerio de Economía se comparte el diagnóstico sobre la existencia de situaciones de sobreendeudamiento, pero se han planteado reparos respecto al diseño de los topes de usura. El MEF considera que podría ser necesario segmentar los límites de acuerdo con los distintos niveles de riesgo y cuestiona la posibilidad de establecer una reestructuración forzosa de las deudas mediante la vía judicial. El proyecto continúa bajo análisis parlamentario y deberá avanzar en la Comisión de Hacienda antes de continuar su tratamiento legislativo.
