La Intendencia de Cerro Largo presentó este lunes los resultados de una auditoría externa sobre la administración departamental correspondiente al período 2020-2025, encabezada por el exintendente José Yurramendi. El informe fue elaborado por un contador de reconocida trayectoria internacional, exintegrante de PricewaterhouseCoopers (PwC), quien además participó en auditorías realizadas en organismos públicos nacionales como Antel.
La auditoría expone una serie de observaciones vinculadas principalmente a los procesos de compras, manejo de fondos extrapresupuestales y pagos salariales dentro de la comuna.
Entre los principales hallazgos, el informe señala que en el 90% de las compras analizadas “no se visualizó evidencia de que haya existido un proceso competitivo”, mientras que en varios expedientes no se logró identificar qué dirección de la Intendencia fue responsable de las adquisiciones realizadas.
Asimismo, se detectarán facturas emitidas por proveedores sin requisitos formales y casos de compras observadas por la contadora delegada del Tribunal de Cuentas de la República. También se informó que, de las licitaciones estudiadas, en cuatro casos no se encontró el informe correspondiente del comité asesor.
Otro de los puntos destacados del documento indica que el 87% de las compras efectuadas durante el período auditado se concentraron en apenas 20 proveedores. Además, la auditoría advierte sobre convenios vigentes con organizaciones no gubernamentales para la tercerización de servicios, sin que se encontrará documentación que acredite la existencia de procedimientos competitivos previos a su firma.
En materia de contrataciones, el informe también sostiene que algunas adquisiciones, por sus montos, debieron haberse realizado mediante licitación pública, aunque finalmente se concretaron por compra directa y sin justificación documentada. Incluso, se detectaron precios pagados por la Intendencia que superarían hasta en un 20% los valores de mercado.
La auditoría agrega que existen proveedores con facturación mensual correlativa emitida hacia la Intendencia y compras fragmentadas en distintos períodos que, acumuladas, superaban los topes establecidos para licitación pública.
En el área de recursos humanos, el estudio observará un incremento en pagos por compensaciones, diferencias salariales, horas extras, jornales extraordinarios e insalubridad durante el período analizado. También se indicó que, en parte de la muestra seleccionada, no se encontró respaldo documental suficiente para justificar el 100% de las partidas variables liquidadas.
Además, el informe señala que se detectan retenciones realizadas a funcionarios que no habrían sido volcadas a las empresas u organismos correspondientes, así como cinco casos de funcionarios cuyas partidas por diferencias salariales fueron aprobadas mediante notas internas firmadas por el director de Recursos Humanos y no por resolución del intendente.
Respecto a los fondos extrapresupuestales, la auditoría concluye que existía insuficiencia de saldos disponibles en cuentas corrientes de la Intendencia para afrontar compromisos pendientes vinculados a convenios firmados con terceros. También se identificaron expedientes en trámite por reclamos de facturas impagas por un total superior a los 8,7 millones de pesos, sin registros asociados de procedimiento de compra ni de pago.
Finalmente, el documento sostiene que la Intendencia recibió fondos de terceros destinados al pago de proveedores que, al momento del traspaso de la administración, permanecían impagos.
Tras la presentación del resumen de la auditoría, el encargado del área jurídica de la Intendencia, Daniel Gómez, sostuvo que las conclusiones del informe revelan una serie de presuntas irregularidades que deben ser estudiadas en profundidad desde el punto de vista legal. Gómez explicó que la auditoría aporta elementos administrativos y contables que podrían motivar futuras actuaciones judiciales, dependiendo del avance de los análisis técnicos y jurídicos que se encuentran en curso. Asimismo, indicó que desde Jurídica se evaluará cada una de las observaciones señaladas por el auditor externo para determinar eventuales responsabilidades y definir los pasos a seguir por parte de la administración departamental.
Tras la presentación del resumen del informe, el contador de la Intendencia, Alejandro Duarte, realizó declaraciones públicas en las que sostuvo que la auditoría permite contar con un diagnóstico claro de la situación administrativa y financiera de la comuna. Duarte explicó que muchas de las observaciones planteadas requieren ahora un proceso de análisis técnico y administrativo para determinar responsabilidades y corregir procedimientos internos.
Auditoría en la Intendencia de Cerro Largo detectó irregularidades en compras, sueldos y fondos extrapresupuestales La Intendencia de Cerro Largo presentó este lunes los resultados de una auditoría externa sobre la administración departamental correspondiente al período 2020-2025, encabezado por el exintendente José Yurramendi. El informe fue elaborado por un contador de reconocida trayectoria internacional, exintegrante de PricewaterhouseCoopers (PwC), quien además participó en auditorías realizadas en organismos públicos nacionales como Antel. La auditoría expone una serie de observaciones vinculadas principalmente a los procesos de compras, manejo de fondos extrapresupuestales y pagos salariales dentro de la comuna. Entre los principales hallazgos, el informe señala que en el 90% de las compras analizadas “no se visualizó evidencia de que haya existido un proceso competitivo”, mientras que en varios expedientes no se logró identificar qué dirección de la Intendencia fue responsable de las adquisiciones realizadas. Asimismo, se detectaron facturas emitidas por proveedores sin requisitos formales y casos de compras observadas por la contadora delegada del Tribunal de Cuentas de la República. También se informó que, de las licitaciones estudiadas, en cuatro casos no se encontró el informe correspondiente del comité asesor. Otro de los puntos destacados del documento indica que el 87% de las compras efectuadas durante el período auditado se concentraron en apenas 20 proveedores. Además, la auditoría advierte sobre convenios vigentes con organizaciones no gubernamentales para la tercerización de servicios, sin que se encontrara documentación que acreditara la existencia de procedimientos competitivos previos a su firma. En materia de contrataciones, el informe también sostiene que algunas adquisiciones, por sus montos, debieron haberse realizado mediante licitación pública, aunque finalmente se concretaron por compra directa y sin justificación documentada. Incluso, se detectaron precios pagados por la Intendencia que superarían hasta en un 20% los valores de mercado. La auditoría agrega que existen proveedores con facturación mensual correlativa emitida hacia la Intendencia y compras fragmentadas en distintos períodos que, acumuladas, superaban los topes establecidos para licitación pública. En el área de recursos humanos, el estudio observó un incremento en pagos por compensaciones, diferencias salariales, horas extras, jornales extraordinarios e insalubridad durante el período analizado. También se indicó que, en parte de la muestra seleccionada, no se encontró respaldo documental suficiente para justificar el 100% de las partidas variables liquidadas. Además, el informe señala que se detectaron retenciones realizadas a funcionarios que no habrían sido volcadas a las empresas u organismos correspondientes, así como cinco casos de funcionarios cuyas partidas por diferencias salariales fueron aprobadas mediante notas internas firmadas por el director de Recursos Humanos y no por resolución del intendente. Respecto a los fondos extrapresupuestales, la auditoría concluye que existía insuficiencia de saldos disponibles en cuentas corrientes de la Intendencia para afrontar compromisos pendientes vinculados a convenios firmados con terceros. También se identificaron expedientes en trámite por reclamos de facturas impagas por un total superior a los 8,7 millones de pesos, sin registros asociados de procedimiento de compra ni de pago. Finalmente, el documento sostiene que la Intendencia recibió fondos de terceros destinados al pago de proveedores que, al momento del traspaso de la administración, permanecían impagos.
Jurídica de la Intendencia de Cerro Largo analiza posibles acciones tras auditoría externa La auditoría externa presentada por la Intendencia de Cerro Largo sobre la administración departamental del período 2020-2025 continúa generando repercusiones, luego de que desde el área jurídica de la comuna se advirtiera que algunas de las observaciones detectadas podrían derivar en actuaciones judiciales. El informe, realizado por un contador de trayectoria internacional vinculado anteriormente a la firma PricewaterhouseCoopers, detectó irregularidades administrativas, financieras y contables en distintas áreas de la gestión correspondiente al exintendente José Yurramendi. Entre las principales observaciones aparecen compras directas que debieron realizarse mediante licitación pública, falta de evidencia de procesos competitivos en la mayoría de las adquisiciones analizadas y concentración de compras en un reducido grupo de proveedores. Además, el informe señala inconsistencias vinculadas a pagos salariales, compensaciones, horas extras y retenciones a funcionarios que no habrían sido transferidas a organismos correspondientes. También se detectaron expedientes relacionados con facturas reclamadas por más de 8,7 millones de pesos sin registros claros de compra o pago. Tras la presentación del resumen de la auditoría, el encargado del área jurídica de la Intendencia, Daniel Gómez, sostuvo que las conclusiones del informe revelan una serie de presuntas irregularidades que deberán ser estudiadas en profundidad desde el punto de vista legal. Gómez explicó que la auditoría aporta elementos administrativos y contables que podrían motivar futuras actuaciones judiciales, dependiendo del avance de los análisis técnicos y jurídicos que se encuentran en curso. Asimismo, indicó que desde Jurídica se evaluará cada una de las observaciones señaladas por el auditor externo para determinar eventuales responsabilidades y definir los pasos a seguir por parte de la administración departamental. Desde la Intendencia señalaron que el objetivo es dar transparencia al funcionamiento interno de la comuna y fortalecer los mecanismos de control administrativo y financiero.
Auditoría en la Intendencia de Cerro Largo detectó observaciones en compras y manejo de fondos La Intendencia de Cerro Largo presentó los resultados de una auditoría externa realizada sobre la administración departamental correspondiente al período 2020-2025, durante el gobierno encabezado por el exintendente José Yurramendi. El trabajo fue elaborado por un contador de trayectoria internacional, exintegrante de la firma PricewaterhouseCoopers, quien además participó en auditorías vinculadas a organismos públicos nacionales. El informe detectó diversas observaciones en áreas sensibles de la administración comunal, principalmente en compras, pagos salariales y manejo de fondos extrapresupuestales. Entre los puntos señalados, se indicó que en el 90% de las compras analizadas no se encontró evidencia de procedimientos competitivos, mientras que el 87% de las adquisiciones se concentraron en apenas 20 proveedores. Asimismo, la auditoría advirtió sobre compras directas que, por los montos involucrados, debieron haberse realizado mediante licitación pública. También se identificaron diferencias de precios de hasta un 20% por encima de los valores de mercado en algunos productos y servicios adquiridos por la comuna. En materia salarial, el informe observó irregularidades vinculadas al pago de compensaciones, partidas extras y horas adicionales, además de inconsistencias documentales en varios expedientes administrativos. Otro de los aspectos destacados refiere a retenciones efectuadas a funcionarios que, según el informe, no habrían sido transferidas a los organismos correspondientes. Respecto a los fondos extrapresupuestales, la auditoría detectó insuficiencia de recursos en determinadas cuentas de la Intendencia y expedientes relacionados con facturas reclamadas por más de 8,7 millones de pesos sin registros claros de compra ni constancias de pago. Tras la presentación del resumen del informe, el contador de la Intendencia, Alejandro Duarte, realizó declaraciones públicas en las que sostuvo que la auditoría permite contar con un diagnóstico claro de la situación administrativa y financiera de la comuna. Duarte explicó que muchas de las observaciones planteadas requieren ahora un proceso de análisis técnico y administrativo para determinar responsabilidades y corregir procedimientos internos. Además, señaló que el objetivo de la actual administración es fortalecer los mecanismos de control, transparencia y ordenamiento financiero, asegurando que las recomendaciones realizadas por el auditor sean consideradas para mejorar la gestión municipal hacia el futuro.
