Un proyecto de ley presentado recientemente en el Parlamento por legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente apunta a enfrentar de manera integral el bullying y el ciberbullying en los centros educativos del país. La iniciativa surge, según sus impulsores, ante la persistencia de una “cultura del chivo expiatorio” que minimiza las conductas del agresor y, en cambio, aísla o responsabiliza a la víctima.
Los diputados sostienen que la ausencia de políticas públicas claras en prevención, detección temprana y sanción ha favorecido la expansión del problema en centros educativos de todo el país. Por ello, el proyecto propone que se reconozca formalmente el fenómeno y sus consecuencias, que se establezcan protocolos de actuación obligatorios y que se garantice la protección de víctimas, familias y testigos.
Uno de los puntos centrales es la creación de un Observatorio Nacional de Bullying y Ciberbullying, que registrará estadísticas, hará seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de Prevención y gestionará un Registro Unificado de Casos. Este registro será confidencial y anónimo, y recopilará información actualizada para orientar políticas públicas. Las instituciones educativas deberán reportar periódicamente los casos detectados y las acciones adoptadas.
El documento incluye datos del Ministerio de Salud Pública que alertan sobre la gravedad del fenómeno: el 19% de los suicidios o intentos de suicidio en menores estaría vinculado a situaciones de bullying.
La propuesta también establece obligaciones para docentes y funcionarios: todo trabajador del sistema educativo que tome conocimiento de una situación de acoso deberá comunicarlo de inmediato a la dirección del centro y al referente designado.
Además, cada institución educativa deberá asegurar apoyo integral a las víctimas —desde contención emocional y apoyo psicológico hasta adecuaciones pedagógicas— y aplicar medidas educativas y restaurativas para los agresores. Los legisladores enfatizan que se evitarán respuestas exclusivamente punitivas, procurando la reintegración social y educativa de quienes ejercen el acoso.
En su fundamentación, los impulsores del proyecto destacan que es “indispensable promover un cambio cultural que restituya la centralidad de la empatía, el respeto y la responsabilidad compartida”. Esto implica, señalan, enseñar a no aliarse con los victimarios, fomentar el deber de no callar y reconocer el dolor de las víctimas como un acto de reparación simbólica y social.
La iniciativa abre ahora una etapa de análisis parlamentario, mientras distintos actores del sistema educativo aguardan los debates que buscarán fortalecer la respuesta institucional ante un problema que crece tanto en las aulas como en los entornos digitales.