Durante la media hora previa en el Parlamento de Uruguay, el senador Mauricio González expuso su preocupación por la situación del precio de los combustibles en la frontera con Brasil, señalando el impacto directo que esta problemática tiene sobre miles de ciudadanos.
El legislador hizo referencia a los departamentos de Rivera, Artigas, Cerro Largo y Rocha, incluyendo localidades como La Coronilla y Chuy, donde —según indicó— más de 300.000 uruguayos ven condicionada su vida cotidiana por la diferencia de precios con el país vecino.
En su intervención, González recordó que históricamente se aplicaron mecanismos de devolución del Imesi que generaron alivio económico en estas zonas. Sin embargo, cuestionó la efectividad actual del beneficio, señalando que, si bien el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado un descuento del 32%, en la práctica el beneficio efectivo ronda el 24%.
El senador sostuvo que esta diferencia genera confusión en la población y profundiza las asimetrías con Brasil, donde los precios de los combustibles son más bajos. En ese sentido, afirmó que para lograr una verdadera competitividad el descuento debería situarse en torno al 40%.
Asimismo, planteó la necesidad de revisar los criterios de aplicación del beneficio, proponiendo un enfoque territorial más amplio que contemple la realidad de toda la frontera, incluyendo localidades como Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero. Según argumentó, limitar el beneficio por distancia y no por territorio genera desigualdades y favorece el traslado del consumo hacia el lado brasileño.
Como ejemplo de estas asimetrías, mencionó la diferencia en el desarrollo del sector: mientras en la ciudad brasileña de Santana do Livramento existen más de 30 estaciones de servicio que generan unos 500 empleos, en Rivera hay apenas tres estaciones con cerca de 30 puestos de trabajo.
El legislador subrayó que el combustible en estas zonas no es un bien de lujo, sino una herramienta esencial para la actividad económica, por lo que su encarecimiento impacta directamente en el empleo, el comercio y el desarrollo local.
En ese marco, solicitó al Poder Ejecutivo explicaciones sobre la brecha entre el porcentaje anunciado y el aplicado, y pidió que, mientras no se alcance una solución definitiva, se garantice efectivamente el descuento del 32% en las zonas de frontera.
Finalmente, González remarcó la necesidad de avanzar en políticas de Estado que atiendan las particularidades de la frontera, señalando que la falta de medidas estructurales no solo genera inequidades económicas, sino también sociales.
La solicitud del senador para que su intervención sea remitida a distintas autoridades, entre ellas el presidente de la República, el Ministerio de Economía, Ancap, medios de comunicación y organismos vinculados a la temática fronteriza, fue aprobada por unanimidad en el Senado.