El caso Conexión Ganadera registró este miércoles nuevos avances tanto en el ámbito concursal como en el penal, con decisiones judiciales que impactan en la situación de los acreedores y en la investigación sobre presuntas maniobras irregulares vinculadas al manejo de ganado y créditos. En materia concursal, la Justicia homologó el acuerdo que permitirá a los inversores acceder a un cobro parcial de sus créditos en el corto plazo, sin necesidad de iniciar litigios individuales. Para que el pacto fuera validado se requería la adhesión del 85% de los acreedores, condición que fue alcanzada, según confirmaron fuentes del caso. El acuerdo fue elaborado en instancias de negociación entre el síndico, la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y abogados representantes de los ahorristas, y busca distribuir los fondos obtenidos a partir de la venta del ganado disponible, estimados en unos 35 millones de dólares. De acuerdo al esquema aprobado, quienes no tenían ganado identificado a su nombre percibirán el 5% de su crédito, mientras que aquellos que sí contaban con animales asignados cobrarán un 33% del valor promedio del ganado efectivamente encontrado por el síndico, más un 5% adicional por la diferencia no localizada. El objetivo del acuerdo es dar una respuesta más ágil a los damnificados, mientras continúa el proceso judicial para la eventual recuperación de otros activos del sistema, como maquinaria y bienes vinculados a las empresas involucradas. En paralelo, en el plano penal, la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, logró la imputación de nuevos delitos contra el titular de la empresa Pasfer, Maximiliano Rodríguez, a quien se le sumaron tres delitos de apropiación indebida. Pasfer era una de las empresas “tomadoras” de ganado en el esquema investigado, y según la Fiscalía debía custodiar animales pertenecientes a los inversores de Conexión Ganadera, los cuales no fueron hallados en la cantidad declarada. En instancias previas, el empresario ya había sido imputado por apropiación indebida y falsificación ideológica. En esta nueva audiencia, la Fiscalía detalló además inconsistencias entre el ganado declarado ante organismos oficiales y las inspecciones realizadas en los establecimientos rurales. Según la investigación, el imputado habría declarado la existencia de más de 7.000 animales vinculados a fideicomisos con distintas entidades financieras, aunque en las inspecciones se constató la presencia de una cifra significativamente menor. En la audiencia también se abordó la situación de las medidas cautelares. La Fiscalía solicitó ampliar la prisión preventiva hasta el 1 de agosto y luego sustituirla por arresto domiciliario nocturno, argumento que fue discutido por la defensa y analizado por la jueza interviniente. La defensa del imputado sostuvo que no correspondía la privación de libertad por obligaciones de carácter económico, mientras que la Fiscalía fundamentó su pedido en la necesidad de asegurar diligencias pendientes y el avance de la investigación. El caso continúa bajo análisis judicial mientras avanza la etapa penal y la ejecución del acuerdo concursal aprobado para los afectados inversores.
Conexión Ganadera: Justicia homologó acuerdo concursal y amplía imputaciones en la causa penal El caso Conexión Ganadera registró este miércoles nuevos avances tanto en el ámbito concursal como en el penal, con decisiones judiciales que impactan en la situación de los acreedores y en la investigación sobre presuntas maniobras irregulares vinculadas al manejo de ganado y créditos. En materia concursal, la Justicia homologó el acuerdo que permitirá a los inversores afectados acceder a un cobro parcial de sus créditos en el corto plazo, sin necesidad de iniciar litigios individuales. Para que el pacto fuera validado se requería la adhesión del 85% de los acreedores, condición que fue alcanzada, según confirmaron fuentes del caso. El acuerdo fue elaborado en instancias de negociación entre el síndico, la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y abogados representantes de los ahorristas, y busca distribuir los fondos obtenidos a partir de la venta del ganado disponible, estimados en unos 35 millones de dólares. De acuerdo al esquema aprobado, quienes no tenían ganado identificado a su nombre percibirán el 5% de su crédito, mientras que aquellos que sí contaban con animales asignados cobrarán un 33% del valor promedio del ganado efectivamente encontrado por el síndico, más un 5% adicional por la diferencia no localizada. El objetivo del acuerdo es dar una respuesta más ágil a los damnificados, mientras continúa el proceso judicial para la eventual recuperación de otros activos del sistema, como maquinaria y bienes vinculados a las empresas involucradas. En paralelo, en el plano penal, la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, logró la imputación de nuevos delitos contra el titular de la empresa Pasfer, Maximiliano Rodríguez, a quien se le sumaron tres delitos de apropiación indebida. Pasfer era una de las empresas “tomadoras” de ganado en el esquema investigado, y según la Fiscalía debía custodiar animales pertenecientes a los inversores de Conexión Ganadera, los cuales no fueron hallados en la cantidad declarada. En instancias previas, el empresario ya había sido imputado por apropiación indebida y falsificación ideológica. En esta nueva audiencia, la Fiscalía detalló además inconsistencias entre el ganado declarado ante organismos oficiales y las inspecciones realizadas en los establecimientos rurales. Según la investigación, el imputado habría declarado la existencia de más de 7.000 animales vinculados a fideicomisos con distintas entidades financieras, aunque en las inspecciones se constató la presencia de una cifra significativamente menor. En la audiencia también se abordó la situación de las medidas cautelares. La Fiscalía solicitó extender la prisión preventiva hasta el 1 de agosto y luego sustituirla por arresto domiciliario nocturno, argumento que fue discutido por la defensa y analizado por la jueza interviniente. La defensa del imputado sostuvo que no corresponde la privación de libertad por obligaciones de carácter económico, mientras que la Fiscalía fundamentó su pedido en la necesidad de asegurar diligencias pendientes y el avance de la investigación. El caso continúa bajo análisis judicial mientras avanza la etapa penal y la ejecución del acuerdo concursal aprobado para los inversores afectados.
