La decisión del gobierno de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas abrió un fuerte debate político en Uruguay, con posiciones encontradas entre la oposición y el oficialismo sobre cómo enfrentar el avance del crimen organizado en la región.
El anuncio fue realizado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien señaló que la administración del presidente Donald Trump utilizará todas las herramientas disponibles para proteger los intereses de seguridad nacional y limitar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Tras conocerse la medida, dirigentes de la oposición reclamaron acciones concretas para reforzar la seguridad nacional y profundizar la cooperación internacional. El senador colorado Andrés Ojeda sostuvo que el nuevo escenario regional refuerza la necesidad de aprobar un proyecto de ley que propone la creación de un listado nacional de organizaciones terroristas.
Ojeda consideró que la iniciativa, que inicialmente contemplaba grupos como Hamas y Hezbolá, debería ampliarse para incluir a organizaciones criminales de alcance regional como el PCC y el Comando Vermelho. Además, advirtió sobre la importancia de coordinar esfuerzos con otros países para evitar que estos grupos trasladen sus operaciones hacia territorios con menores controles.
En la misma línea se pronunciaron el senador colorado Pedro Bordaberry y el exministro del Interior Nicolás Martinelli, quienes alertaron sobre el riesgo de que el endurecimiento de las medidas en Brasil genere un desplazamiento de las actividades criminales hacia otros países de la región, incluido Uruguay.
Bordaberry también planteó la necesidad de fortalecer la legislación nacional y recordó que impulsa una iniciativa para tipificar específicamente la pertenencia a organizaciones criminales. Asimismo, propuso que Uruguay evalúe integrarse al denominado “Escudo de las Américas”, un mecanismo de cooperación promovido por Estados Unidos para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional.
Desde el Frente Amplio, sin embargo, surgieron cuestionamientos a la decisión de Washington. La senadora Constanza Moreira consideró que la medida constituye una forma de injerencia en los asuntos internos de Brasil y sostuvo que responde a una estrategia de influencia política de Estados Unidos en la región.
Por su parte, el senador Eduardo Antonini afirmó que el anuncio busca incidir en el escenario electoral brasileño y defendió la capacidad de las instituciones democráticas de Brasil para enfrentar a estas organizaciones criminales. Además, destacó que Uruguay ya mantiene mecanismos de monitoreo e intercambio de información a través de organismos de inteligencia y de cooperación internacional.
En tanto, el senador Eduardo Brenta señaló que Estados Unidos debería respetar la soberanía de los países latinoamericanos y sostuvo que el combate al narcotráfico debe desarrollarse mediante estrategias propias de cada nación. También recordó que Uruguay ha fortalecido en los últimos años su marco legal para combatir el lavado de activos y el crimen organizado.
La polémica reabrió además la discusión sobre la creación de un listado nacional de organizaciones terroristas. Mientras la oposición considera que se trata de una herramienta necesaria para enfrentar amenazas transnacionales cada vez más complejas, desde el oficialismo se cuestiona la utilidad de adoptar definiciones impulsadas por la política exterior estadounidense.
Por el momento, la decisión adoptada por Estados Unidos no implica cambios concretos en la política de seguridad uruguaya. Sin embargo, el tema volvió a instalarse en la agenda política nacional y abrió un nuevo debate sobre los desafíos que representa el crimen organizado en la región y las herramientas que Uruguay debería implementar para enfrentarlo.