Déficit récord en el Fonasa: aporte estatal para sostener el sistema alcanzó los US$ 821 millones.
Producto del déficit en el sistema de salud, el Estado destina cifras millonarias, solventado por impuestos, que se suman a los aportes directos al Fonasa, con 2,6 millones de usuarios.
El aporte de Rentas Generales al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que permite que el sistema no caiga, volvió a subir en 2023 y llegó a un récord de US$ 821 millones, según supo El País.
Fuentes del BPS indicaron a El País que la asistencia financiera estatal para compensar la diferencia entre los ingresos (aportes) y egresos llegó a $ 31.874 millones en 2023, el equivalente a US$ 821 millones, la mayor cifra que Rentas Generales volcó desde que se activó el SNIS, en 2008.
La cifra surge de la diferencia entre los ingresos del Fo-nasa ($ 105.324 millones o US$ 2.712 millones a valores 2023) y los egresos ($ 137.199 millones o US$ 3.533 millones a valores 2023).
La Rendición de Cuentas de la Junasa en 2022 indicó que tanto los ingresos como los egresos ese año eran menores: $ 94.995 millones y $ 122.499 millones, respectivamente.
Otro factor a considerar son los afiliados Fonasa, que en promedio, se ubicaron en alrededor de 2,6 millones en 2023, de acuerdo al registro de usuarios que divulga el Ministerio de Salud Pública (MSP) mes a mes en su página web.
El déficit millonario en 2023 supone un salto de US$ 153 millones frente al ejercicio 2022 (US$ 668 millones). Si bien desde que se implementó el SNIS lo que desembolsó Rentas Generales para que no caiga el Fonasa fue en aumento hasta 2019, el último valor es más del doble que el aporte en 2015 (US$ 377 millones).
Hasta el aporte de 2023, el (valor más alto había ocurrido en 2017 US$ 720 millones), y se mantuvo en ese orden hasta el año prepandemia. Si bien el monto descendió en 2020 y 2021, en esos años el gobierno activó el millonario, y extraordinario, Fondo Covid.
“A partir de 2017 se observa que aproximadamente una cuarta parte de los egresos del Fonasa se financian con transferencias que suplementan a los aportes personales y patronales que originan los generantes”, indica la Rendición de Cuentas de Junasa 2022.
Si se observan las cifras de 2023, el porcentaje fue 23,2%, similar al de 2022 (23%). Y por debajo que el registro de 2017 y 2020 (25%), respectivamente.
“A partir de 2017 el peso de las transferencias de Rentas Generales en el financiamiento de los egresos del Fondo se han estabilizado, conforme finalizó el proceso de incorporación de nuevos colectivos previsto por la Ley 18.731 de fines de 2010”, señaló, además, la Rendición de Cuentas de la Junasa en 2022.
“El hecho de que dichos colectivos (pasivos y cónyuges) generen mayores egresos que aportes es lo que explica la tendencia creciente en el peso de las transferencias desde 2010 en adelante”, acotó la Junasa en su informe.
El SNIS cuenta con alrededor de 2,6 millones de usuarios, distribuidos en una treintena de mutualistas, seguros privados y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que es el prestador de salud con más afiliados Fonasa (556.000 a diciembre 2023, último dato disponible), que resulta, a su vez, casi el doble de la mutualista con más usuarios.
En línea con el espíritu de atención sanitaria universal del sistema uruguayo, además hay alrededor de 900.000 personas que no aportan al Fonasa, pero acceden igual a ASSE y a la misma canasta de prestaciones, gratis, que también financia Rentas Generales.
En noviembre pasado, a poco que desde las mutualistas señalaran a Búsqueda que el sistema de salud está “tensionado”, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, indicó a El País que no se puede “generalizar” la situación de un sistema que es “muy heterogéneo”, con modelos de negocios “distintos”, y variaciones a nivel del territorio nacional.
Lo cierto es que el debate sobre el sistema se intensificó por los reclamos de la oposición, la lectura oficialista y de los sindicatos.
Satdjian dijo en las últimas horas que la discusión del financiamiento del SNIS es un aspecto que “deberá encarar el próximo gobierno”, en virtud de contemplar otros parámetros para fijar la capita, el principal ingreso de las mutualistas, que desde 2011 se fijó en función de la edad y sexo de afiliados.
El viernes pasado, Satdjian planteó en un debate en la Universidad Católica (UCU) que se debería evaluar una “cápita inteligente”, de manera de distribuir mejor los recursos actuales entre los prestadores según la condición de sus usuarios.
La FUS busca que el MSP active un consejo consultivo de cambios al SNIS, porque si no el sistema “se cae”, afirmó Bermúdez. Si esto no ocurre, en mayo iniciarán un “gran diálogo nacional” sobre el asunto, con un esperable respaldo del Pit-Cnt.