La Cámara de Representantes analiza un proyecto de ley que propone modificar la normativa sobre el derecho de acceso a la información pública, con el objetivo de reforzar la transparencia y ampliar el alcance de las obligaciones para distintos actores. La iniciativa, presentada por la bancada del Frente Amplio en la legislatura anterior, introduce cambios a la Ley N° 18.381. Entre los principales puntos, se plantea ampliar el universo de sujetos obligados, incorporando no solo a organismos públicos —estatales o no—, sino también a instituciones privadas que reciban, administren o utilicen fondos públicos o bienes del Estado. El proyecto también busca limitar la discrecionalidad de los organismos al momento de clasificar información como confidencial o reservada. Para ello, establece la intervención obligatoria de la Unidad de Acceso a la Información Pública, que deberá emitir un informe previo antes de que se adopte este tipo de decisiones. En caso de no contar con ese aval, la unidad podrá ordenar la desclasificación de la información. Otro de los cambios propuestos se refiere a los plazos: se reduce de 20 a 10 días hábiles el período de prórroga para responder solicitudes de información. Asimismo, se incorpora la obligación de que los organismos que aleguen no poseer determinada información deban demostrar que agotaron todos los mecanismos disponibles para encontrarla. El tratamiento del proyecto se desarrolla en la Comisión Especial de Lavado de Activos, que resolvió citar para el próximo 21 de mayo al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, con el fin de recabar la posición del Poder Ejecutivo sobre la iniciativa. Inicialmente, se había propuesto convocar únicamente a autoridades de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, pero los legisladores de la oposición consideraron necesario incluir directamente a representantes del Ejecutivo. Desde el oficialismo, el diputado Claudio Arbesún defendió el proyecto señalando que apunta a fortalecer el control y garantizar el acceso efectivo a la información pública. En tanto, desde la oposición, si bien se valoró el espíritu de la iniciativa, también se plantearon reparos sobre algunos de sus alcances. El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, cuestionó la amplitud de la definición de sujetos obligados, al considerar que podría abarcar a un número excesivo de instituciones privadas. Por su parte, el legislador Gustavo Salle expresó dudas sobre la viabilidad práctica de exigir a los organismos que prueben la inexistencia de información, al tratarse de una “prueba negativa” difícil de acreditar en términos jurídicos. El debate comenzará en comisión, donde se prevé analizar en detalle las objeciones planteadas y avanzar en eventuales ajustes al texto. La discusión se enmarca en un contexto de creciente interés por fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información en la gestión pública.
La Cámara de Representantes analiza un proyecto de ley que propone modificar la normativa sobre el derecho de acceso a la información pública, con el objetivo de reforzar la transparencia y ampliar el alcance de las obligaciones para distintos actores. La iniciativa, presentada por la bancada del Frente Amplio en la legislatura anterior, introduce cambios a la Ley N° 18.381. Entre los principales puntos, se plantea extender el universo de sujetos obligados, incorporando no solo a organismos públicos —estatales o no—, sino también a instituciones privadas que reciban, administren o utilicen fondos públicos o bienes del Estado. El proyecto también busca limitar la discrecionalidad de los organismos al momento de clasificar información como confidencial o reservada. Para ello, establece la intervención obligatoria de la Unidad de Acceso a la Información Pública, que deberá emitir un informe previo antes de que se adopten este tipo de decisiones. En caso de no contar con ese aval, la unidad podrá ordenar la desclasificación de la información. Otro de los cambios propuestos refiere a los plazos: se reduce de 20 a 10 días hábiles el período de prórroga para responder solicitudes de información. Asimismo, se incorpora la obligación de que los organismos que aleguen no poseer determinada información deban demostrar que agotaron todos los mecanismos disponibles para encontrarla. El tratamiento del proyecto se desarrolla en la Comisión Especial de Lavado de Activos, que resolvió citar para el próximo 21 de mayo al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, con el fin de recabar la posición del Poder Ejecutivo sobre la iniciativa. Inicialmente, se había propuesto convocar únicamente a autoridades de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, pero legisladores de la oposición consideraron necesario incluir directamente a representantes del Ejecutivo. Desde el oficialismo, el diputado Claudio Arbesún defendió el proyecto señalando que apunta a fortalecer el control y garantizar el acceso efectivo a la información pública. En tanto, desde la oposición, si bien se valoró el espíritu de la iniciativa, también se plantearon reparos sobre algunos de sus alcances. El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, cuestionó la amplitud de la definición de sujetos obligados, al considerar que podría abarcar a un número excesivo de instituciones privadas. Por su parte, el legislador Gustavo Salle expresó dudas sobre la viabilidad práctica de exigir a los organismos que prueben la inexistencia de información, al tratarse de una “prueba negativa” difícil de acreditar en términos jurídicos. El debate continuará en comisión, donde se prevé analizar en detalle las objeciones planteadas y avanzar en eventuales ajustes al texto. La discusión se enmarca en un contexto de creciente interés por fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información en la gestión pública.
