El Parlamento uruguayo destinó alrededor de US$ 5,2 millones al pago de subsidios a legisladores que dejaron sus bancas desde el inicio de la actual legislatura, el 15 de febrero de 2025.
Según información obtenida por Búsqueda mediante pedidos de acceso a la información pública, se pagaron unos $212 millones, a valores de junio de 2026, en subsidios correspondientes a 50 diputados y 12 senadores de la legislatura anterior.
La normativa vigente establece que quienes hayan ejercido durante al menos tres años cargos políticos o de particular confianza pueden acceder a un subsidio equivalente al 85% del salario, incluyendo prima por antigüedad y aguinaldo, por un período que puede llegar hasta los tres años.
Entre los principales beneficiarios aparece la exvicepresidenta Beatriz Argimón, quien recibió unos $6,7 millones, mientras que el exsenador Luis Alberto Heber accedió al beneficio por el período máximo previsto.
El régimen también contempla situaciones particulares, como la posibilidad de suspender temporalmente el cobro cuando un exlegislador ocupa una banca como suplente, sin perder el derecho al beneficio.
Proyecto para reducir el beneficio
En paralelo, la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley impulsado por el senador Daniel Caggiani para modificar el régimen.
La iniciativa propone reducir el subsidio del 85% al 66% del salario y limitar su duración a un máximo de seis meses. Además, plantea impedir el acceso al beneficio a quienes sean declarados omisos por no presentar sus declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Caggiani sostiene que el actual sistema es “en exceso favorable” frente al régimen de subsidio por desempleo de los trabajadores del sector privado y considera que genera una situación de inequidad que el Parlamento debería corregir.
También se identificaron legisladores que, tras finalizar sus períodos, no solicitaron el subsidio, entre ellos algunos dirigentes que continuaron en otros cargos o renovaron sus bancas.
El Parlamento destinó más de US$ 5 millones a subsidios para legisladores El Parlamento uruguayo destinó alrededor de US$ 5,2 millones al pago de subsidios a legisladores que dejaron sus bancas desde el inicio de la actual legislatura, el 15 de febrero de 2025. Según información obtenida por Búsqueda mediante pedidos de acceso a la información pública, se pagaron unos $212 millones, a valores de junio de 2026, en subsidios correspondientes a 50 diputados y 12 senadores de la legislatura anterior. La normativa vigente establece que quienes hayan ejercido durante al menos tres años cargos políticos o de particular confianza pueden acceder a un subsidio equivalente al 85% del salario, incluyendo prima por antigüedad y aguinaldo, por un período que puede llegar hasta los tres años. Entre los principales beneficiarios aparece la exvicepresidenta Beatriz Argimón, quien recibió unos $6,7 millones, mientras que el exsenador Luis Alberto Heber accedió al beneficio por el período máximo previsto. El régimen también contempla situaciones particulares, como la posibilidad de suspender temporalmente el cobro cuando un exlegislador ocupa una banca como suplente, sin perder el derecho al beneficio. Proyecto para reducir el beneficio En paralelo, la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley impulsado por el senador Daniel Caggiani para modificar el régimen. La iniciativa propone reducir el subsidio del 85% al 66% del salario y limitar su duración a un máximo de seis meses. Además, plantea impedir el acceso al beneficio a quienes sean declarados omisos por no presentar sus declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Caggiani sostiene que el actual sistema es “en exceso favorable” frente al régimen de subsidio por desempleo de los trabajadores del sector privado y considera que genera una situación de inequidad que el Parlamento debería corregir. También se identificaron legisladores que, tras finalizar sus períodos, no solicitaron el subsidio, entre ellos algunos dirigentes que continuaron en otros cargos o renovaron sus bancas. El debate vuelve a poner bajo la lupa el régimen especial de beneficios para legisladores y cargos políticos, en momentos en que el sistema de seguridad social y el gasto público forman parte de la discusión política nacional.
