La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, impulsa la creación de una Escuela de Fiscales con el objetivo de transformar el sistema de ingreso y formación en la Fiscalía General de la Nación. El proyecto, que comenzará en 2027, cuenta con respaldo político y financiamiento asignado en el Presupuesto. Inspirada en el modelo del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, la iniciativa propone una formación obligatoria de un año con énfasis en técnica, ética, investigación y práctica en fiscalías. Los egresados integrarán listas de prelación para acceder a cargos. La propuesta busca mejorar la calidad del servicio, reducir errores y unificar criterios, además de funcionar como filtro vocacional. Fue bien recibida por dirigentes como Pedro Bordaberry y Constanza Moreira, y cuenta con aval económico de Gabriel Oddone. Sin embargo, desde la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay surgen críticas por la prioridad del gasto frente a otras necesidades. Su presidenta, Claudia González, advierte sobre falta de recursos, posibles desigualdades y riesgos en el acceso a información sensible. Pese a las diferencias, el proyecto se perfila como una reforma de fondo que apunta a cambiar el modelo de formación y fortalecer el sistema a largo plazo.
Escuela de Fiscales: impulso a un cambio en la formación del Ministerio Público La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, impulsa la creación de una Escuela de Fiscales con el objetivo de transformar el sistema de ingreso y formación en la Fiscalía General de la Nación. El proyecto, que comenzaría en 2027, cuenta con respaldo político y financiamiento asignado en el Presupuesto. Inspirada en el modelo del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, la iniciativa propone una formación obligatoria de un año con énfasis en técnica, ética, investigación y práctica en fiscalías. Los egresados integrarán listas de prelación para acceder a cargos. La propuesta busca mejorar la calidad del servicio, reducir errores y unificar criterios, además de funcionar como filtro vocacional. Fue bien recibida por dirigentes como Pedro Bordaberry y Constanza Moreira, y cuenta con aval económico de Gabriel Oddone. Sin embargo, desde la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay surgen críticas por la prioridad del gasto frente a otras necesidades. Su presidenta, Claudia González, advierte sobre falta de recursos, posibles desigualdades y riesgos en el acceso a información sensible. Pese a las diferencias, el proyecto se perfila como una reforma de fondo que apunta a cambiar el modelo de formación y fortalecer el sistema a largo plazo.
