Los juicios desarrollados en Estados Unidos por los efectos de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes reabrieron el debate sobre la responsabilidad de las grandes plataformas y sobre la posibilidad de regular el diseño de sus productos.
Uno de los principales antecedentes es el acuerdo alcanzado por Meta con fiscales generales de 29 estados, que contempla un pago de hasta 18.000 millones de dólares y medidas como límites de uso para menores, restricciones nocturnas, mayores controles parentales, verificación de edad y controles de contenido.
La abogada especializada en tecnología Sandra Garín advirtió que el acuerdo no constituye una sentencia ni implica un reconocimiento jurídico de responsabilidad por parte de Meta. Además, sostuvo que las medidas no modifican aspectos centrales del diseño de las plataformas, como el scroll infinito, la reproducción automática o los videos cortos.
Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, coincidió en que no existe una condena, pero consideró que el proceso tiene un fuerte impacto político y que los juicios colocaron en el centro de la discusión el denominado diseño adictivo de las plataformas.
Los procesos también dejaron al descubierto documentos internos y testimonios de trabajadores y extrabajadores de las empresas, información que, según Gómez, debería ser considerada en otros países al momento de discutir nuevas regulaciones.
En Uruguay, el debate ya está instalado en el Parlamento mediante una consulta pública sobre infancia, entornos digitales e inteligencia artificial, mientras se analizan iniciativas relacionadas con el acceso de menores a las redes sociales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que los acuerdos alcanzados en Estados Unidos no se trasladan automáticamente a Uruguay. La dimensión del mercado uruguayo también limita la capacidad del país para imponer cambios a plataformas globales.
El principal desafío para Uruguay pasa así por definir qué medidas puede adoptar de manera efectiva para proteger a niños y adolescentes, combinando regulación, investigación local, protección de datos y capacidad de negociación con las grandes empresas tecnológicas.