La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, resolvió remitir a la Fiscalía General de la Nación una denuncia presentada contra la fiscal de Delitos Complejos, Sandra Fleitas, en el marco de la investigación que involucra al exsenador frenteamplista Charles Carrera. La denuncia fue impulsada por la defensa de Carrera, integrada por los abogados Lucía Fernández y Juan Manuel González Rossi, quienes cuestionaron que la fiscal solicitara a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) las declaraciones juradas del exlegislador correspondientes a los años 2014, 2016, 2018 y 2020 sin contar con autorización judicial. Según trascendió, Fleitas había solicitado inicialmente autorización a la jueza en marzo para acceder a información de la Jutep, aunque sin mencionar específicamente las declaraciones juradas. La magistrada pidió entonces que fundamentara la solicitud, tal como establece la normativa vigente. Sin embargo, la fiscal optó por enviar el requerimiento directamente a la Jutep a través de la Policía, y el organismo terminó entregando la documentación solicitada el 16 de abril. La defensa de Carrera sostuvo que el procedimiento incumplió lo dispuesto en la llamada Ley Cristal, que establece que las declaraciones juradas sólo pueden ser abiertas mediante resolución fundada de la Justicia penal. Ante los cuestionamientos, Fleitas argumentó que la diligencia no requería autorización judicial porque, a su entender, no afectaba garantías constitucionales. Por su parte, la jueza Olivera señaló que el pedido concreto de acceso a las declaraciones juradas nunca fue debatido formalmente en audiencia y aclaró que la Fiscalía no solicitó expresamente autorización para obtener esa documentación reservada. Si bien la magistrada entendió que no correspondía pronunciarse sobre la eventual invalidez de las declaraciones juradas porque no fueron utilizadas como evidencia en el proceso, resolvió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que evalúe eventuales responsabilidades.
Justicia remitió denuncia contra fiscal Sandra Fleitas en el caso Charles Carrera La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, resolvió remitir a la Fiscalía General de la Nación una denuncia presentada contra la fiscal de Delitos Complejos, Sandra Fleitas, en el marco de la investigación que involucra al exsenador frenteamplista Charles Carrera. La denuncia fue impulsada por la defensa de Carrera, integrada por los abogados Lucía Fernández y Juan Manuel González Rossi, quienes cuestionaron que la fiscal solicitara a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) las declaraciones juradas del exlegislador correspondientes a los años 2014, 2016, 2018 y 2020 sin contar con autorización judicial. Según trascendió, Fleitas había solicitado inicialmente autorización a la jueza en marzo para acceder a información de la Jutep, aunque sin mencionar específicamente las declaraciones juradas. La magistrada pidió entonces que fundamentara la solicitud, tal como establece la normativa vigente. Sin embargo, la fiscal optó por enviar el requerimiento directamente a la Jutep a través de la Policía, y el organismo terminó entregando la documentación solicitada el 16 de abril. La defensa de Carrera sostuvo que el procedimiento incumplió lo dispuesto en la llamada Ley Cristal, que establece que las declaraciones juradas sólo pueden ser abiertas mediante resolución fundada de la Justicia penal. Ante los cuestionamientos, Fleitas argumentó que la diligencia no requería autorización judicial porque, a su entender, no afectaba garantías constitucionales. Por su parte, la jueza Olivera señaló que el pedido concreto de acceso a las declaraciones juradas nunca fue debatido formalmente en audiencia y aclaró que la Fiscalía no solicitó expresamente autorización para obtener esa documentación reservada. Si bien la magistrada entendió que no correspondía pronunciarse sobre la eventual invalidez de las declaraciones juradas porque no fueron utilizadas como evidencia en el proceso, resolvió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que evalúe eventuales responsabilidades.
