La Justicia de El Salvador inició un juicio sin precedentes contra 486 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha, en lo que constituye el primer proceso masivo dirigido a las estructuras de mando de este grupo criminal.
Según informó la Fiscalía General, a los acusados se les atribuyen unos 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos cerca de 29.000 homicidios. Entre los hechos más graves, se señala la orden de asesinar a 87 personas en un solo fin de semana de marzo de 2022, episodio que marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del país.
El fiscal del caso sostuvo que este proceso busca “saldar una deuda histórica”, al juzgar de manera conjunta a quienes habrían dirigido las operaciones criminales durante más de una década. Entre los imputados figuran miembros de la llamada “ranfla”, la cúpula de la organización, así como fundadores y cabecillas territoriales.
Contexto de la ofensiva estatal
El juicio se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien declaró un régimen de excepción tras la ola de violencia de 2022. Desde entonces, más de 91.000 personas han sido detenidas en operativos contra pandillas.
Las autoridades sostienen que tanto la MS-13 como su histórica rival, el Barrio 18 —en sus distintas facciones—, llegaron a controlar hasta el 80% del territorio salvadoreño, operando actividades como extorsión, narcotráfico, sicariato y tráfico de armas.
Además de los cargos por homicidio y otros delitos, la Fiscalía también imputa a los acusados el delito de rebelión, al considerar que buscaban establecer un control territorial que configuraba un “estado paralelo”, en detrimento de la soberanía nacional.
Desarrollo del proceso
La denominada “audiencia única abierta” se desarrolla con características excepcionales: 413 imputados participan de forma virtual, mientras que 73 permanecen prófugos y serán juzgados en ausencia. Más de 250 de los acusados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel de máxima seguridad construida por el gobierno.
Las autoridades judiciales indicaron que el objetivo es avanzar con celeridad en el proceso y aplicar las penas máximas previstas por la ley, en un contexto donde recientemente se han endurecido las sanciones para delitos considerados de terrorismo.
Cuestionamientos y denuncias
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la ONG salvadoreña Cristosal han expresado preocupación por las garantías del proceso. Denuncian que los juicios masivos podrían derivar en condenas de personas inocentes, al no individualizar adecuadamente las responsabilidades penales.
Asimismo, cuestionan el régimen de excepción vigente, señalando denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia estatal.
Antecedentes
La Mara Salvatrucha surgió en la década de 1990 en Los Ángeles y posteriormente se expandió a Centroamérica, donde durante décadas sembró violencia. Según datos oficiales, las pandillas han sido responsables de decenas de miles de homicidios en El Salvador, consolidándose como uno de los principales problemas de seguridad en el país.
Conclusión
El juicio contra la cúpula de la MS-13 marca un hito en la historia judicial salvadoreña. Mientras el gobierno lo presenta como un paso decisivo para erradicar el crimen organizado, organismos de derechos humanos advierten sobre los riesgos que implica este tipo de procesos en términos de garantías legales y respeto a los derechos fundamentales.
